Nueve grandes bancos cerraron cuentas de grupos cristianos y provida en Estados Unidos
La Oficina del Contralor de la Moneda examinó casi 100 000 reclamaciones y decenas de miles de documentos internos provenientes de JPMorgan Chase, Bank of America, Citibank, Wells Fargo y otras cinco entidades.
Varias de las mayores entidades bancarias de Estados Unidos cerraron cuentas y restringieron sus servicios a organizaciones provida y grupos cristianos después de que circularan entre las instituciones financieras documentos de la administración Biden que los calificaban de «grupos de odio».
En 2024, la administración Biden intentó cortar los servicios bancarios a grupos provida, conservadores y cristianos, incluyéndolos en una lista de «grupos de odio».
Esta lista comprendía a importantes organizaciones cristianas conservadoras como Alliance Defending Freedom y el Family Research Council. Una nueva investigación sobre este asunto ha arrojado conclusiones alarmantes.
Casi 100 000 reclamaciones examinadas
El informe de la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC, por sus siglas en inglés), titulado «Garantizar servicios bancarios equitables para todos los estadounidenses», examinó casi 100 000 reclamaciones y decenas de miles de documentos internos, fechados entre 2020 y septiembre de 2025, procedentes de JPMorgan Chase, Bank of America, Citibank, Wells Fargo, US Bank, Capital One, PNC, TD Bank y BMO Bank.
La investigación reveló políticas que denegaban o limitaban el acceso a los servicios bancarios en función de opiniones políticas, religiosas o sociales.
Para justificar estas políticas, los bancos alegaron un «riesgo de daño a su reputación» vinculado a la administración Biden, a una cobertura mediática negativa, a manifestaciones, a grupos de presión de izquierda como el Southern Poverty Law Center (SPLC) y a posibles presiones regulatorias.
Los bancos se dirigieron contra organizaciones cristianas debido a sus posturas sobre el aborto, las cuestiones LGBTQ+ y los valores familiares tradicionales.
Casos particulares reveladores
WePay, filial de JPMorgan Chase, cerró la cuenta de una organización religiosa después de que el Southern Poverty Law Center (SPLC) la calificara de «grupo de odio extremista».
Notas internas la describían como una «organización religiosa sin ánimo de lucro de derecha y conservadora, con un discurso fuertemente anti-LGBTQ».
WePay también cerró la cuenta de un cristiano practicante que financiaba una acción judicial contra leyes antidiscriminación.
PNC se negó a conceder una línea de crédito a una empresa de telecomunicaciones, entre otras cosas porque uno de sus propietarios financiaba a grupos cristianos conservadores a los que el SPLC había calificado como grupos de odio.
Paralelamente, Wells Fargo presionó a un proveedor de servicios de pago para que dejara de trabajar con una organización religiosa sin ánimo de lucro debido a su postura sobre el matrimonio homosexual.
«Financiar el fanatismo»
Estas actuaciones tuvieron lugar tras la difusión de un informe titulado «Financiar el fanatismo: perspectiva general de las estrategias de financiación en línea de los grupos de odio estadounidenses».
La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro lo envió por correo electrónico a los directivos de grandes bancos, entre ellos JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo y Citibank.
Basándose en las designaciones del SPLC, este informe señaló con el dedo a organizaciones provida y cristianas, tales como Alliance Defending Freedom, Liberty Counsel, el Family Research Council, el Ruth Institute y el American College of Pediatricians, junto a grupos nacionalistas blancos, supremacistas blancos y negacionistas.
Exhortó a las plataformas a restringir su acceso y recomendó al Congreso considerar la revocación de su exención fiscal.
«Prueba irrefutable» de las discriminaciones contra provida y cristianos
El contralor de la moneda, Jonathan V. Gould, declaró que estas conclusiones aportan «la prueba irrefutable de que los bancos más grandes del país denegaron servicios, cerraron cuentas y discriminaron a clientes y empresas legítimas».
Mark Paoletta, director interino de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB), declaró: «Es escandaloso que estos bancos hayan atacado a consumidores estadounidenses por sus convicciones políticas, sociales o religiosas, las cuales no coincidían con las de la administración Biden ni con las de sus aliados de izquierda. Muchas de las víctimas eran simpatizantes del presidente Trump. Estas prácticas brutales son inaceptables en Estados Unidos».
La CFPB ha abierto una investigación sobre posibles violaciones de las leyes federales de protección financiera del consumidor.
Esta revisión se produce tras un decreto presidencial firmado por Donald Trump el 7 de agosto de 2025, que establece: «A ningún estadounidense se le puede denegar el acceso a los servicios financieros debido a sus convicciones, afiliaciones u opiniones políticas protegidas por la Constitución o por la ley».
Los bancos se apoyaron en las designaciones del Southern Poverty Law Center (SPLC) para tomar sus decisiones.
Posteriormente, el SPLC fue imputado por las autoridades federales por fraude y blanqueo de dinero, y el director del FBI, Kash Patel, lo calificó de «instrumento de difamación partidista».
Respuesta insuficiente de JPMorgan
Un portavoz de JPMorgan Chase declaró con respecto al procedimiento de WePay: «Un proceso utilizado por WePay, una pequeña empresa tecnológica que adquirimos hace varios años y que hemos ido abandonando paulatinamente, no cumplía con nuestros estándares. Lo identificamos, lo corregimos y dicha empresa ya no está en funcionamiento».
El portavoz añadió: «Nuestras políticas prohíben cualquier discriminación contra los clientes basada en sus convicciones políticas o religiosas».
La OCC consideró insuficientes las reformas reivindicadas por los bancos y señaló que ninguno de ellos había reconocido plenamente «el uso de las finanzas como un arma contra los trabajadores estadounidenses».
Las conclusiones del informe muestran también cómo organizaciones que han defendido con éxito la libertad de expresión y la libertad religiosa ante los tribunales, al tiempo que abogaban por los niños no nacidos, fueron tratadas como si fueran organizaciones extremistas violentas, lo que provocó el cierre de las cuentas que utilizaban para financiar su labor jurídica.
Queda de manifiesto, por tanto, que estos métodos tiránicos que privan a organizaciones y particulares de sus cuentas bancarias por motivos ideológicos no solo existen en Europa.
Bancos implicados y grupos afectados
Las nueve instituciones financieras señaladas en el informe federal son:
- JPMorgan Chase
- Bank of America
- Citibank
- Wells Fargo
- U.S. Bank
- Capital One
- PNC Bank
- TD Bank
- BMO Bank
