Internacional

Un hospital pediátrico deberá pagar 650.000 dólares tras despedir a una trabajadora por negarse a brindar atención de género

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Miércoles 7 de octubre de 2026

La Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo afirmó recientemente que no se puede obligar a los empleados a participar en la mutilación química y quirúrgica de niños

Un hospital pediátrico de Houston pagará 650.000 dólares para resolver una acusación federal de discriminación después de que, según se informa, no respetara la objeción de un empleado a las mutilaciones químicas y quirúrgicas en menores con confusión de género.

La Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC, por sus siglas en inglés) ofreció pocos detalles sobre el caso, limitándose a decir que el hospital «pagará 650.000 dólares y proporcionará otras compensaciones para resolver una acusación relacionada con la objeción religiosa de un empleado a realizar trabajos relacionados con procedimientos médicos que rechazan el sexo».

Según la EEOC, el hospital despidió al empleado después de que este simplemente solicitara ser eximido de participar en los procedimientos.

La presidenta de la EEOC, Andrea Lucas, recordó a los empleadores que «deben demostrar una carga sustancial, no una mera inconveniencia, antes de denegar una adaptación por motivos religiosos, incluidas las solicitudes de adaptación derivadas de creencias religiosas sobre el sexo biológico».

Ese ha sido el criterio legal claro desde al menos 2023, cuando la Corte Suprema dictaminó en el  caso Groff v. DeJoy que los empleadores no pueden simplemente demostrar una «molestia» o una carga mínima para rechazar la solicitud de adaptación de un empleado.

Lucas añadió: “La libertad de vivir y trabajar de acuerdo con la propia fe es un principio fundamental estadounidense, y los empleados no deberían verse obligados a elegir entre sus convicciones religiosas y su sustento”.

Mientras la administración Trump lucha por proteger los derechos de libertad religiosa de los empleados, un derecho contemplado en la Ley de Derechos Civiles de 1964, un grupo de izquierda se opuso al acuerdo.

En su opinión, los empleados deberían ser obligados a trabajar contra su voluntad, o despedidos, por negarse a participar en la extirpación de senos sanos a una adolescente o a inyectar estrógeno a niños.

El Centro Nacional de Derecho de las Mujeres hizo referencia a este caso, y a varios otros, y condenó los acuerdos extrajudiciales.

El Centro Nacional de Derecho de las Mujeres (NWLC) condena estas acciones y la continua evasión por parte de la EEOC de sus obligaciones de salvaguardar los derechos de las trabajadoras transgénero, declaró la organización.

El NWLC mantiene su firme compromiso de proteger a las trabajadoras transgénero de la discriminación. Todas las personas merecen seguridad y dignidad en el trabajo, independientemente de su género.

El grupo se opuso a este acuerdo, uno que protegía el derecho de las personas a no usar pronombres transgénero ficticios, y otro que afirmaba que las empleadas tienen derecho a vestuarios específicos para cada sexo.

El Centro Nacional de Derecho de las Mujeres sostiene que a un hombre se le debería permitir entrar en cualquier área, incluidos los baños y los vestuarios, simplemente declarándose mujer.

Aunque no se menciona el nombre del hospital, el Texas Children’s Hospital sigue siendo la institución más probable en el centro de la controversia, ya que es el único hospital pediátrico de Houston que ofrecía la llamada «atención de afirmación de género».

El hospital ya acordó establecer una clínica de detransición para ayudar a las personas que antes tenían dudas sobre su género a recuperarse de los efectos devastadores de los llamados fármacos y cirugías de reasignación de género.

En abril pasado, el Departamento de Salud y Servicios Humanos anunció que el hospital infantil estaba siendo investigado por las autoridades federales por el presunto despido de una enfermera que denunció irregularidades, Vanessa Sivadge, quien se opuso a los procedimientos basados ​​en el género.

Según documentos judiciales, el acuerdo llegó a su fin .

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