La ONU eliminará todos tus derechos de privacidad

Sábado 16 de septiembre de 2023

En los últimos días, delegados de todo el mundo se han reunido en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York para celebrar la sexta ronda de negociaciones sobre el proyecto de texto de la primera convención de la ONU contra la ciberdelincuencia. 

Por supuesto, las negociaciones sobre el nuevo tratado de la ONU contra la cibercriminalidad se han convertido en una guerra diplomática por procuración entre las democracias y sus rivales autoritarios sobre las visiones de futuro competidoras sobre Internet, la tecnología y los derechos humanos en la era digital, enfrentando una vez más a Estados Unidos y sus aliados contra Rusia y China en la ONU… 

En fin, el 1 de septiembre de este año, publicaron la última versión de un proyecto de ley que eliminará todos tus derechos de privacidad, incluyendo:

*Restricción de la libertad de expresión en todo el mundo;

*Penalizar el discurso protegido;

*Ordena a los gobiernos a autorizar técnicas «especiales de espionaje»;

*Convierte la protesta y el cuestionamiento en terrorismo;

*Permite al gobierno espiar todos los dispositivos.

Las negociaciones continuarán a principios de 2024, con el objetivo de adoptar el tratado en la Asamblea General de la ONU en septiembre de 2024. 

Aquí está el sitio web principal de la conferencia. Puede leer la última versión del proyecto de Tratado sobre la cibercriminalidad en el sitio web de las Naciones Unidas.

En junio de 2023, el Comité Ad Hoc encargado de preparar una convención internacional global para combatir la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación con fines delictivos publicó el proyecto de texto de la Convención (el proyecto cero).

El proyecto cero debía debatirse en la sexta sesión del Comité Ad Hoc, que comenzó el 21 de agosto en Nueva York, donde estaba abierto a propuestas adicionales. Observamos que el proyecto cero plantea una serie de preocupaciones en materia de derechos humanos y es poco claro o guarda silencio sobre definiciones y cuestiones clave.

En primer lugar, a pesar de la enumeración de una lista limitada de delitos sustanciales en los artículos 6 a 16, los demás términos del proyecto cero siguen siendo abiertos y vagos, dejando espacio para que otros delitos «ciberactivados» (junto con los delitos «ciberdependientes») se incluyan en el ámbito de aplicación del Convenio.

En segundo lugar, existe una alarmante falta de garantías y procedimientos en materia de derechos humanos. Cuando se incluyen, quedan relegados a la legislación nacional, son opcionales o tienen que «incorporarse», en lugar de exigirse explícitamente.

La relegación de las salvaguardias a la legislación nacional es especialmente problemática, ya que impondría responsabilidades a jurisdicciones que no han ratificado tratados internacionales clave de derechos humanos o instrumentos regionales que garantizan los derechos fundamentales al debido proceso.

En tercer lugar, el proyecto cero aprueba y fomenta explícitamente el intercambio de «datos» entre jurisdicciones sin definir el tipo ni el alcance de los mismos. Tampoco otorga a los usuarios ningún derecho significativo sobre los datos compartidos con terceros y organizaciones internacionales, lo que significa que los usuarios no tienen forma de saber hasta qué punto se están compartiendo sus datos. 

De ello se deduce que los usuarios no tienen ningún derecho significativo a una revisión o recurso independiente en caso de infracción.

La modificación estas disposiciones problemáticas sobre intercambio de datos se hace aún más urgente a la luz de las tecnologías emergentes, del uso potencial de los datos para crear conjuntos de datos de inteligencia artificial y la aplicación de estos datos para la vigilancia, la represión y la censura a gran escala.

Por último, el proyecto cero del tratado de la ONU sobre la cibercriminalidad sigue conteniendo disposiciones basadas en el contenido que penalizan «documentos escritos» con el objetivo de impedir la circulación de pornografía infantil.

Dado que 176 Estados ya son parte del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño (OHCHR), que prevé la asistencia mutua en las investigaciones, reiteramos la pregunta de si un tratado sobre ciberdelincuencia es un lugar necesario para imponer obligaciones adicionales basadas en el contenido que podrían dar lugar a la prohibición de libros, discursos políticos y otros materiales escritos.

(Nota: mientras, en los colegios  y parvularios se adoctrina salvajemente a los infantes en cuestiones sexuales)