Un comité de la ONU afirma que Estados Unidos es racista
Martes 27 de septiembre de 2022
El comité de expertos de la ONU en materia de discriminación racial criticó la reciente decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos respecto al caso Dobbs e instó a dicho país a ampliar el acceso al aborto, especialmente para las mujeres pertenecientes a minorías raciales.
El comité instó a EE.UU. a “proporcionar un acceso seguro, legal y efectivo al aborto en línea con las obligaciones internacionales de derechos humanos que tiene el Gobierno”, y citó las recientes —y extremadamente radicales— directrices de la Organización Mundial de la Salud sobre la “atención al aborto”.
El comité supervisa el cumplimiento del tratado de derechos humanos de la ONU sobre la eliminación del racismo, que es uno de los relativamente escasos tratados de derechos humanos de la ONU ratificados por Estados Unidos. Muchos de los otros organismos oficiales de la ONU, incluidos los que se ocupan de los derechos de las mujeres, los niños y las personas con discapacidad, se han vuelto cada vez más agresivos en la promoción del aborto en su evaluación de los diferentes países.
Ninguno de los nueve tratados básicos de derechos humanos de la ONU menciona el aborto o podría interpretarse razonablemente como un derecho al aborto. Los intentos de crear un derecho de este tipo han fracasado repetidamente en otros organismos de la ONU basados en el consenso, incluida la Asamblea General.
El comité encargado de las cuestiones raciales ha sido uno de los pocos que ha dejado de lado el tema del aborto, aunque eso puede estar a punto de cambiar. En una reunión celebrada en agosto, este comité emitió un comentario general acerca de la intersección entre la discriminación racial y la salud. A esta reunión asistieron representantes de numerosos grupos proabortistas, como el Centro de Derechos Reproductivos, el Centro de Justicia Global y Amnistía Internacional.
El sumario oficial de la ONU sobre la reunión resumía su postura: “El acceso al aborto es un componente integral de la atención sanitaria pública, y deben eliminarse las barreras legales al aborto”.
Las recomendaciones del comité a EE.UU. sugieren su voluntad de sumarse a sus órganos homólogos de tratados en la presión sobre los países con leyes provida o con altos niveles de objeción de conciencia anti-aborto entre los proveedores de atención sanitaria.
Muchos de los mismos grupos de defensa del aborto que presionan al comité para que incluya el aborto como un derecho en su comentario general sobre la salud, también están presionando al comité para que reprenda a EE.UU. por su revisionismo, especialmente a raíz de la decisión Dobbs. El Tribunal Supremo emitió la decisión en junio, anulando la sentencia Roe v. Wade de 1973, que legalizaba el aborto en todo el país. Dobbs remite la cuestión a los gobiernos de cada estado.
Las organizaciones de la sociedad civil pueden presentar sus propios informes sobre un país que esté siendo supervisado por los órganos de tratados. Los grupos abortistas aprovecharon la ocasión para intentar vincular las leyes provida con la discriminación racial, así como la oportunidad relativamente rara de que Estados Unidos se enfrente a una revisión de los órganos de tratados.
Al informar sobre las interacciones del comité con Estados Unidos, medios de comunicación como el New York Times y el Washington Post centraron sus titulares y reportajes en la cuestión del aborto.
A diferencia del texto del propio tratado, los dictámenes y recomendaciones del órgano de tratados no son jurídicamente vinculantes, pese a que los grupos abortistas los citan con frecuencia cuando afirman falazmente que el aborto es un derecho humano internacional.
La forma cada vez más agresiva en que los órganos de tratados se extralimitan en sus mandatos al promover el aborto ha quedado en evidencia en el Senado de Estados Unidos en las ocasiones en que este país se plantea ratificar algún tratado sobre derechos humanos en la ONU.