Francisco abre las puertas al divorcio católico

Es sabido que el papa Francisco habla sin freno en las ruedas de prensa de los aviones, diciendo de todo y lo contrario de todo. Pero cuando se reúne con los obispos italianos a puerta cerrada emprende el vuelo.

Prueba de ello son las dos horas de conversaciones confidenciales que mantuvo con los obispos italianos reunidos en asamblea plenaria a finales de noviembre (ver foto). Oficialmente, no se ha filtrado nada. Pero solo hubo un tema sobre el que el papa regañó a la desafortunada audiencia. El mismo tema que el 26 de noviembre, una vez terminada la asamblea, incorporó en un motu proprio de todo menos amistoso, con el que encomendó a una comisión “ad hoc” la tarea de inspeccionar una a una las más de doscientas diócesis italianas, para comprobar si acataban o no los deseos del propio papa Francisco respecto a los procesos de nulidad matrimonial.

La modificación de estos procesos es quizá la mayor innovación práctica de este pontificado, lanzada por sorpresa en agosto de 2015 en el intervalo entre los dos sínodos sobre la familia, con el motu proprio “Mitis Iudex“.

Francisco introdujo esta innovación manteniendo en la oscuridad a los padres sinodales, a los que sabía mayoritariamente refractarios, e ignorando el consejo contrario de su teólogo y cardenal de confianza Walter Kasper, que en febrero de 2014, al dar el informe introductorio del primer y último consistorio cardenalicio de este pontificado, al tiempo que pedía luz verde a la comunión para los divorciados vueltos a casar, había advertido contra “una ampliación de los procedimientos de nulidad” que, de hecho, “crearía la peligrosa impresión de que la Iglesia está procediendo deshonestamente en la concesión de lo que en realidad son divorcios”.

Sin embargo, Francisco quería la ampliación a toda costa y a su manera, en particular dejando de confiar a los tribunales eclesiásticos regionales, con sus magistrados y abogados y con todos los adornos de la ley, sino a los obispos individualmente, como pastores “y por eso mismo jueces” de sus fieles, la tarea de examinar los casos de nulidad y dictar sentencias, con procedimientos drásticamente abreviados y por medios extrajudiciales, en un régimen de total gratuidad para los solicitantes de la causa.

En 2014, el papa nombró una comisión para plasmar su voluntad en la legislación, pero sobre todo un hombre, monseñor Pio Vito Pinto, entonces decano de la Rota Romana.

El resultado fue un reglamento que se prestó inmediatamente a un diluvio de críticas por parte de canonistas incomparablemente más competentes que el autor del motu proprio “Mitis Iudex”. Pero Francisco no las tuvo en cuenta, aun a costa de poner en serios aprietos a la Iglesia italiana, una de las mejor ordenadas del mundo en esta materia, con su red de tribunales regionales que funcionan bien y el bajísimo coste de los procesos, desde un máximo de 525 euros hasta la gratuidad total, según el nivel de vida de los demandantes. Los jueces y los abogados de oficio eran compensados directamente por la conferencia episcopal, con la recaudación del 8 por mil. Nada comparable con lo que ocurría en otras zonas del mundo, algunas de las cuales carecían de tribunales, especialmente en América Latina, el continente del que procede el papa.

Inmediatamente presionados por Francisco y sus emisarios -encabezados por el entonces secretario general de la Conferencia Episcopal italiana, Nunzio Galantino-, los obispos italianos intentaron primero parar el golpe cambiando el nombre de los tribunales eclesiásticos de “regionales” a “interdiocesanos”. Pero en algunas regiones, especialmente en el sur, algunas diócesis empezaron a ir por libre creando sus propios tribunales, con resultados desastrosos en casi todas partes debido a la falta de personal competente.

Y sin embargo esto era precisamente lo que Francisco quería conseguir, con la ayuda de monseñor Pinto, que se mantuvo al frente de la Rota Romana mucho más allá del límite canónico de los 75 años de edad, flanqueado por un canciller, Daniele Cancilla, previamente despedido de la CEI por mala conducta pero también uno de los protegidos de Jorge Mario Bergoglio desde que era arzobispo de Buenos Aires.

Para entender la lógica que mueve al papa Francisco en este asunto, basta con remontarse al discurso que pronunció en la Rota Romana el 29 de enero de 2021, con motivo de la inauguración del año judicial.

En esa ocasión, Francisco expresó su caloroso agradecimiento a monseñor Pinto, que había alcanzado la edad de 80 años y, por tanto, estaba a punto de ser sustituido definitivamente. Le agradeció “el trabajo realizado, no siempre comprendido”. Lo resumió así: “Una sola sentencia, y luego el juicio breve, que ha sido como una novedad, pero era natural porque el obispo es el juez”. Y ejemplificó con esta anécdota:

“Recuerdo que, poco después de la promulgación del juicio breve, un obispo me llamó y me dijo: ‘Tengo este problema: una chica quiere casarse por la Iglesia; ya estaba casada hace algunos años por la Iglesia, pero la obligaron a casarse porque estaba embarazada… Hice todo, pedí a un sacerdote que hiciera de vicario judicial, a otro que hiciera de defensor del vínculo… Y los testigos, los padres dicen que sí, que fue forzado, que el matrimonio fue nulo. Dígame, Santidad, ¿qué debo hacer?”, me preguntó el obispo. Y le pregunté: “Dime, ¿tienes un bolígrafo a mano?’ – ‘Sí’. – ‘Firma. Tú eres el juez, sin darle tantas vueltas’”.

En ese mismo discurso, Francisco también citó a su predecesor del siglo XVIII, Benedicto XIV, argumentando que si aquel papa había introducido en los procesos de nulidad canónica la obligación de una doble sentencia de conformidad -que ahora ya no es necesaria a instancias de Francisco- lo había hecho para suplir “los problemas económicos de algunas diócesis”.

En realidad, Benedicto XIV introdujo el requisito del doble juicio por razones opuestas a las expuestas por Francisco:

“No para obtener ventajas económicas para ninguna diócesis o para la Santa Sede, sino para poner fin a una serie de abusos en materia de concesiones de nulidad, para restaurar la seguridad jurídica del proceso matrimonial y para proteger la dignidad sacramental del matrimonio“.

Esto es lo que escribió al día siguiente Carlo Fantappiè, un reconocido canonista e historiador de la Iglesia, tras el discurso del papa, añadiendo que “lo que podemos decir con certeza es que el papa ha sido engañado”.

Pero para Francisco no hay reconstrucción histórica que valga. Para él siempre es una cuestión de dinero y de sed de poder, incluso para los actuales opositores a su reforma del procedimiento de nulidad matrimonial. Dijo, de nuevo, en su discurso a la Rota Romana el 29 de enero de 2021:

“Esta reforma, especialmente la del juicio breve, ha encontrado y encuentra muchas resistencias. Lo confieso: después de esta promulgación recibí cartas, muchas, no sé cuántas pero muchas. Casi todos los abogados que perdían la clientela. Y está el problema del dinero. En España se dice: ‘Por la plata baila el mono’. Es un dicho que queda claro. Y también esto con dolor: he visto en algunas diócesis la resistencia de algún vicario judicial que con esta reforma perdía, no sé, cierto poder, porque se daba cuenta de que el juez no era él, sino el obispo”.

En el mismo discurso, Francisco elogió a monseñor Pinto por su “mal carácter”. Pero incluso él, el papa, no está bromeando. Al frente de los inspectores que investigarán a los obispos italianos no ha nombrado a un italiano, sino a un español, monseñor Alejandro Arellano Cedillo, sucesor de Pinto como decano de la Rota Romana, también promovido a este cargo por el propio papa. Los otros inspectores son dos jueces de la Rota, Davide Salvatori y Vito Angelo Todisco, este último ya visitador apostólico de los Franciscanos de la Inmaculada, y el obispo de Oria Vincenzo Pisanello, sucesor en esta diócesis de Marcello Semeraro, alumno de Bergoglio y hoy cardenal prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos.

Todo ello con el fin de destruir lo que queda de los tribunales matrimoniales dignos de ese nombre, en Italia y en el mundo. Con las sentencias de nulidad inducidas a parecerse cada vez más a la anulación de los matrimonios fracasados, es decir a ese “divorcio católico” sobre el que el inaudito cardenal Kasper había advertido en vano al papa.