Golpe a la masonería en Reino Unido
Viernes 2 de enero de 2026
Los masones han solicitado una orden judicial de emergencia al Tribunal Superior para bloquear una nueva política de la Policía Metropolitana que les exigiría revelar su afiliación a la organización.
Han presentado documentos legales en Londres, argumentando que la política constituye «discriminación religiosa» contra los masones.
La policía afirma que cualquier persona que forme o haya formado parte de una organización jerárquica que exija a sus miembros apoyarse y protegerse mutuamente debe declararlo.
Los masones solicitan una orden judicial de emergencia ante el Tribunal Superior para bloquear la nueva política de la Policía Metropolitana, introducida por el Comisionado Sir Mark Rowley, que obliga a los agentes a declarar su pertenencia a grupos «jerárquicos» como los masones, argumentando que constituye discriminación religiosa ilegal y alimenta teorías conspirativas.
La Policía Metropolitana, por su parte, afirma que es vital para restablecer la confianza pública tras problemas como el caso de Daniel Morgan, que desencadenó una disputa legal sobre privacidad, derechos humanos y posible sesgo.
Detalles clave de la disputa:
La política: La Policía Metropolitana exige a los agentes y al personal que declaren su pertenencia actual o pasada a grupos jerárquicos donde los miembros se apoyan mutuamente, específicamente a los masones.
Postura de los masones: Afirman que la política los afecta injustamente, viola los derechos humanos (Ley de Igualdad de 2010) y la protección de datos, y carece de la consulta adecuada.
La Gran Logia Unida de Inglaterra (UGLE) la califica de «ilegal, injusta y discriminatoria».
Justificación de la Met: La medida busca fomentar la confianza pública, a raíz de las preocupaciones planteadas en informes (como el caso de Daniel Morgan) sobre la influencia masónica, que genera «sospechas recurrentes» y afecta la imparcialidad.
Acción legal: La UGLE y otras organizaciones masónicas presentaron documentos en Nochebuena solicitando una revisión judicial y una orden judicial, argumentando que no tienen otra opción que defender los derechos de sus miembros.
Situación actual: Si bien la Met aceptó una consulta, no ha suspendido la política, lo que motivó la impugnación legal para detener su implementación.