La consulta no es para juzgar a los expresidentes de México, pese a lo que dicen los terraplanistas de la democracia

Por Juan Jesús Garza Onofre (integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM).

En México, hay una campaña del partido oficialista Morena para difundir que la primera consulta popular a nivel federal que se realizará en el país, el 1 de agosto, trata sobre enjuiciar a expresidentes. Eso no solo es falso sino, sobre todo, fáctica y jurídicamente inviable.

Es cierto que, en un primer momento, el presidente Andrés Manuel López Obrador buscó impulsar una consulta cuyo propósito sustentó en esclarecer las acciones delictivas que posiblemente cometieron los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto cuando estaban en el poder. Pero después la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al evaluar la legalidad de la pregunta, fue tajante al mencionar que no podían colocarse sus nombres propios.

Así, el máximo tribunal dijo que incluir a personas en concreto en la consulta popular era inquisitorial, además de que el ámbito de la pregunta no podía estar dirigido a un individuo o individuos en particular, pues en México están prohibidas las leyes que se redacten específicamente con nombre y apellido.

Por eso, una mayoría de ministros reformularon la pregunta de la consulta popular en términos bastantes vagos, difuminando cualquier posibilidad de que fuera sobre los expresidentes: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.

Para que la consulta tenga validez jurídica y sea vinculante necesita tener 37.4 millones de votos, 40% de la lista nominal.

El enunciado “las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos” se orienta al esclarecimiento de hechos ocurridos inmediatamente antes del ahora, siempre y cuando no correspondan a aquellas acciones que por ley están obligadas a cumplir las propias autoridades, como puede ser la apertura de una carpeta de investigación judicial si existen elementos necesarios.

Quienes creen y difunden que la consulta popular servirá para juzgar a los expresidentes son como los terraplanistas, pero de la democracia: rechazan lo evidente en aras de seguir elucubrando fantasías y construyendo realidades a modo a partir de quimeras ideológicas. Para muchos partidarios de López Obrador, buscar cambiar el pasado es más fácil que hablar de lo que está sucediendo en el presente.

La nueva pregunta que formuló la SCJN abre más dudas que certezas, pues su poca claridad hace posible que, más allá de los expresidentes, haya actores políticos relevantes involucrados en hechos recientes como el derrumbe de la Línea 12 del Metro de Ciudad de México, la violencia sistemática de la que han sido víctimas cientos de personas a causa del Ejército durante este sexenio o el mal manejo de la pandemia y, por ende, puedan entrar en estos procesos de esclarecimiento.

Todos esos hechos permanecen prácticamente impunes, al igual que aproximadamente 92% de los delitos en el país. México se ubica en la posición 60 de 69 países del Índice Global de Impunidad 2020.

Es bueno que distintos colectivos que buscan proteger los derechos humanos estén intentando apropiarse de la narrativa en torno a la consulta para poner el foco en las víctimas de estos delitos y buscar la creación de una Comisión de la Verdad que investigue a los expresidentes. A todas luces es benéfico que se quiera dotar de contenido a esa pregunta; sin embargo, no hay que olvidar que a la población no se le está preguntando si quiere que el gobierno cumpla con la obligación que tiene de hacer justicia.

La voluntad de la actual administración por aclarar una “etapa trágica en la vida del país” —denominada por ellos mismos como “periodo neoliberal”— resulta de una historia contada a la medida por el propio López Obrador, en la que dice buscar la reivindicación de un pasado corrupto en el país. Pero eso se pone en entredicho al tener en su gabinete a funcionarios que participaron en ese mismo pasado corrupto, como el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, u omitir el nombre del expresidente Luis Echeverría de la lista de quienes, según él, le han causado daño al pueblo.

En México, donde parecería que votar cada tres o seis años es la única vía ciudadana para levantar la voz, resulta primordial fomentar una cultura de mayor participación en la toma de decisiones colectivas para recordarles sus compromisos y responsabilidades a quienes nos gobiernan.

De ahí que la consulta podría servir no solo para seguir valorando los esfuerzos de miles de funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE) que hacen posible la organización de la consulta, sino también para conocer realmente qué tanto le importa la democracia al presidente.

Por eso, más allá del resultado, debemos estar atentos a lo que López Obrador diga en su conferencia matutina del día después, respondiendo a preguntas como: ¿Qué acciones discrecionales tomará si se alcanza el umbral de participación? ¿Qué opinión le merecen las víctimas que solicitaron que se les tomara en cuenta para este ejercicio? ¿Respetará la decisión del pueblo, aunque el pueblo no haya participado? ¿Se culpará al INE si fracasó la participación en la consulta?

Estamos ante una consulta popular que, sea la que sea la decisión de la ciudadanía, algo que debemos tener claro es: nadie será enjuiciado por este mecanismo. Para eso, no hace falta más que funcionen las instituciones de procuración y administración de justicia en este país.