¿QUIÉN DISCRIMINA A QUIÉN?
Miércoles 25 de febrero de 2026
Por Alejandra Yáñez Rubio
Imagínate que un día vas al municipio, a entregar un oficio, porque en tu ciudad, quieren promover una política pública que afecta a la comunidad.
Resulta que sólo una regidora te recibe el documento. Después de mucho insistir, 19 regidores reciben el documento, aunque algunos se niegan a firmar el acuse.
Un regidor, que casualmente es transexual, se niega a recibirlo. Esto le ocurrió a Guadalupe Menéndez Balderas, quien se sintió muy frustrada, al ver que los regidores de su ciudad desconocían sus obligaciones laborales.
El marco normativo establece que los regidores son nuestros representantes ante el cabildo, por lo que deberían tener una relación cercana con la ciudadanía.
Pero en Tampico no sólo no quieren recibir escritos, parece ser que ya tienen preparado el sentido de sus votos. Tal vez por eso no querían recibir el escrito.
Guadalupe entregó a la regidora Carmen Díaz, quien por cierto fue la única edil que la quiso atender, una carta para que leyera en una sesión de cabildo.
La regidora Díaz leyó el texto tal cual le fue entregado. En este texto, Guadalupe conmina a los regidores a que atiendan a la ciudadanía, la cual es su labor principal.
Asimismo se menciona en el oficio, que de todos los regidores, quien se negó categóricamente a atenderla fue Lorena Ortiz.
Cuando el documento fue leído ante todas las autoridades municipales, el funcionario transexual dijo que la regidora era “una persona estudiada que ya había sido servidor público” y que la estaba violentando.
En una entrevista dijo “que sintió que lo había hecho con dolo”.
Con base en ese sentimiento, emprendió una persecución judicial en contra de la ciudadana Guadalupe Menéndez y de la regidora Carmen Díaz.
Hay que tener claro que el único “delito” de Carmen fue leer el texto que le fue entregado por una ciudadana. No era su papel modificar el contenido.
El regidor de la diversidad sexual acudió a Derechos Humanos y al Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM) para perseguir judicialmente a estas dos mujeres.
Guadalupe informó al IETAM sobre sus limitaciones físicas y geográficas (vive a cuatro horas de Ciudad Victoria) para presentarse físicamente y expresó su disposición de contestar la acusación vía escrita o remota.
Su petición fue ignorada y la dejaron sin posibilidad de defenderse.
Sin embargo, quien la acusó tuvo a su disposición todas las facilidades del cargo público: recursos, facilidad de transporte…
El IETAM emitió resolución en enero sin haber escuchado a Guadalupe.
Resolvieron que ambas mujeres deberían ser anotadas en el REGISTRO NACIONAL DE PERSONAS SANCIONADAS EN MATERIA DE VIOLENCIA POLÍTICA EN RAZÓN DE GÉNERO, durante un periodo de 6 meses (la sanción se incrementó de 4 a 6 meses por “violentar” a una persona de la diversidad sexual) y se les envió bibliografía sobre lenguaje inclusivo.
A la regidora se le apercibió y cómo medida reparatoria se le obligó a disculparse.
A Guadalupe se le amonestó públicamente, pero se niega a disculparse. Ella insiste en que no faltó al respeto a nadie.
¿Por qué quieren obligarla a vivir fantasías ajenas? Un abogado la apoyó con la redacción de un medio de impugnación y Guadalupe se tuvo que transportar en camión, hasta el Tribunal Electoral de Tamaulipas, para defender sus derechos cívico-políticos.
¿Quién violenta a quién? Una ciudadana adulto mayor que se niega a someterse a las fantasías de un funcionario público … o un edil que con su poder persigue a una mujer mayor…
Estemos atentos, porque ahora la Magistrada Selene López Sánchez del Tribunal Electora de Tamaulipas dará cauce a esta demanda.
Adjuntamos la carta que dio origen a esta controversia para mejor comprensión de nuestros lectores
