GASPAR QUINTAL PIDE GARANTÍAS LABORALES ANTES DEL TRASLADO DE PERSONAL DEL MATERNO INFANTIL
MIÉRCOLES 21 DE OCTUBRE DE 2026
Para que cientos de trabajadores tenga la seguridad de llevar el sustento económico a sus hogares, el diputado local y presidente del PRI Yucatán Gaspar Quintal Parra exigió darles certeza laboral en el cambio del centro de trabajo, del Hospital Materno Infantil “Dra. Consuelo Vadillo Gutiérrez” al Hospital General “Dr. Agustín O’Horán”, anunciado para el próximo 4 de noviembre.
El punto de acuerdo, presentado en el Congreso del Estado, surge después de que los Servicios de Salud de Yucatán notificaron el movimiento mediante un oficio fechado el 20 de octubre.
Aunque el documento señala que se respetarán las condiciones laborales y las prestaciones adquiridas, el legislador advirtió que cada persona necesita conocer por escrito cómo se protegerán sus derechos.
“Los trabajadores no pueden llegar al nuevo hospital con una promesa general y sin saber quién responderá por su plaza, su antigüedad, su salario y su seguridad social. La transición debe darles certeza antes de ejecutarse”, sostuvo Quintal Parra.
El también presidente del PRI Yucatán planteó que Servicios de Salud de Yucatán e IMSS-Bienestar entreguen constancias individuales sobre el régimen laboral de cada trabajador, la institución responsable de su relación de trabajo y el pago de sus prestaciones.
Pidió, además, instalar una mesa de atención con las representaciones del personal para resolver dudas e inconformidades antes de la jornada de registro convocada para el 3 de noviembre.
El punto de acuerdo también propone que los trámites del cambio de centro no se utilicen para desconocer antigüedad o derechos previamente generados mediante bajas, finiquitos o registros como personal de nuevo ingreso.
Asimismo, solicita a las autoridades un informe al Congreso sobre el número de trabajadores afectados, los tipos de plaza y las medidas adoptadas para protegerlos.
Quintal Parra señaló que una reorganización de los servicios de salud debe cuidar tanto la continuidad de la atención médica como los derechos de quienes la hacen posible.
“Defender al personal de salud es defender a las familias que dependen de su trabajo. Si el gobierno afirma que nadie perderá sus derechos, debe demostrarlo con documentos, responsables identificados y soluciones para cada caso”, expresó.
