GASPAR QUINTAL ALERTA SOBRE RIESGO DE CRISIS HUMANITARIA EN MATERIA DE SALUD EN YUCATÁN
SÁBADO 17 DE OCTUBRE DE 2026
El presidente del Comité Directivo Estatal del PRI Yucatán y diputado local, Gaspar Quintal Parra, dirigió un manifiesto a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para advertir sobre la crisis de efectividad del derecho humano a la salud en Yucatán y solicitar acciones preventivas para evitar que el deterioro de los servicios pueda derivar en una crisis humanitaria en materia de salud.
Quintal Parra precisó que el señalamiento no pretende afirmar irresponsablemente que Yucatán se encuentre actualmente en una crisis humanitaria generalizada, sino advertir que existen indicadores y deficiencias que obligan al Estado mexicano a actuar antes de que se produzcan consecuencias irreparables.
Recordó que, de acuerdo con CONEVAL, en 2022 el 35.1 por ciento de la población de Yucatán presentaba carencia por acceso a servicios de salud, indicador que aumentó aproximadamente 21 puntos porcentuales entre 2018 y 2022.
Asimismo, señaló que la salud mental constituye otra señal de alarma: INEGI reportó que en 2025 Yucatán registró una tasa de 13.7 suicidios por cada 100 mil habitantes, frente a 6.7 a nivel nacional, prácticamente el doble y la segunda tasa más elevada del país.
El dirigente priista explicó que el análisis debe realizarse conforme a los parámetros establecidos por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, que determina que el derecho a la salud debe garantizar disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad.
“Podemos tener infraestructura nueva, pero si un paciente no encuentra medicamentos, médicos, especialistas o atención oportuna, el derecho no está plenamente garantizado. Los derechos no se inauguran. Los derechos se garantizan”, afirmó.
Quintal Parra advirtió que las deficiencias adquieren una dimensión especialmente grave en los municipios y comunidades rurales, donde la falta de médicos, medicamentos, ambulancias o capacidad resolutiva puede convertir una enfermedad tratable en una situación crítica.
“El derecho a la salud no puede depender del municipio, del código postal ni de la capacidad económica de una familia. Cuando estas barreras afectan sistemáticamente a quienes tienen menos recursos, dejamos de hablar únicamente de problemas administrativos y comenzamos a hablar de desigualdad y derechos humanos”, sostuvo.
PIDE EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA
En el manifiesto, Gaspar Quintal solicita a la Presidenta que el Gobierno de México, en coordinación con el Gobierno de Yucatán y las instituciones sanitarias competentes, realicen una evaluación extraordinaria e integral sobre la efectividad del derecho humano a la salud en el estado, conforme a los parámetros de Naciones Unidas.
La evaluación deberá determinar, entre otros aspectos, el nivel real de abasto de medicamentos y recetas surtidas; disponibilidad de médicos, especialistas y personal de enfermería; tiempos de espera para consultas, estudios, cirugías y tratamientos; disponibilidad y respuesta de ambulancias; condiciones de atención en municipios y comunidades rurales; situación de la población maya y otros grupos vulnerables, así como la mortalidad prevenible y tratable asociada a deficiencias de atención.
El presidente estatal del PRI solicitó además la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, dentro de sus respectivas atribuciones, para realizar una valoración independiente de las condiciones en las que se garantiza este derecho.
Quintal Parra sostuvo que el planteamiento debe ubicarse por encima de las diferencias partidistas y llamó a establecer un acuerdo institucional centrado en los pacientes.
“Al enfermo no le corresponde averiguar qué autoridad debía comprar el medicamento, contratar al médico o disponer una ambulancia. A las instituciones les corresponde coordinarse; a las personas, recibir atención”, expresó.
Finalmente, el dirigente estatal priista reiteró que el propósito del manifiesto es actuar preventivamente:
“No buscamos administrar políticamente una crisis. Buscamos evitar que la crisis de efectividad del derecho a la salud se convierta en una crisis humanitaria en materia de salud. Todavía estamos a tiempo”.
