EL DERECHO A LA SALUD CON GRAVES SEÑALES DE ALERTA A UNA CRISIS HUMANITARIA
LUNES 12 DE OCTUBRE DE 2026
La crisis del sector salud que padecen los yucatecos se demuestra con datos duros que van más allá de la política y que reflejan un desabasto de insumos básicos reconocido, comunidades rurales que no cuentan con servicios médicos y una crisis de salud mental alarmante.
«El problema en Yucatán no es la falta absoluta de dinero, sino la ejecución, la distribución territorial, la eficiencia y la falta de resultados. Incrementar nominalmente el gasto mientras las familias de la cultura del esfuerzo, los trabajadores, los campesinos, los pequeños comerciantes que luchan todos los días por salir adelante, tienen que gastar de su bolsillo en farmacias particulares para comprar sus medicinas, es una muestra clara de insensibilidad gubernamental», afirma el diputado local y presidente del PRI Yucatán Gaspar Quintal Parra
Agrega que desde el PRI, exigirá una fiscalización real y una ruta urgente de rescate para el sistema de salud en los 106 municipios.
«No vamos a permitir que la salud de los yucatecos se convierta en una estadística maquillada. Yucatán merece instituciones que sirvan, medicamentos en los anaqueles, médicos en cada comunidad y un gobierno que esté a la altura de su gente», señaló Gaspar Quintal.
Los datos son contundentes y los hechos no mienten en la debacle del sector salud en los últimos meses:
Un hecho que causó indignación y es inadmisible se registró en mayo pasado cuando padres de un niño maya de seis años, originario de Holcá, Espita, recurrieron a un amparo ante el Poder Judicial Federal para obligar a las autoridades de salud a entregarle un medicamento indispensable para una enfermedad degenerativa rara, luego de llevar meses sin recibir su dosis.
En agosto pasado, el propio coordinador estatal del IMSS-Bienestar, Juan Carlos Arana Reyes, reconoció públicamente que el desabasto de medicamentos sigue siendo uno de los principales retos del sistema en el estado.
A esto se suman las múltiples denuncias documentadas, un mes después, por medios de comunicación en el nuevo Hospital General Dr. Agustín O’Horán, donde pacientes y familiares acusaron falta de insumos, materiales y médicos.
Al respecto y de acuerdo con datos del CONEVAL, entre 2018 y 2022 se registró un alarmante aumento de aproximadamente 21 puntos porcentuales en la población del estado que presentaba alguna carencia por acceso a servicios de salud, para quedar en 35.1 por ciento de la población desprotegida en ese rubro.
La alarmante crisis de salud mental es una tragedia silenciosa que viven los hogares yucatecos. Según cifras del INEGI, en 2025 Yucatán registró una tasa de 13.7 suicidios por cada 100 mil habitantes, el doble de la media nacional (6.7), posicionando al estado como el segundo con la tasa más alta de todo el país.
Otra dolorosa realidad se vive en las comunidades rurales y comisarías mayas, que padecen de una profunda brecha de desigualdad en comparación con la capital yucateca, la falta de médicos que no tienen ninguna garantía o residentes mujeres que son acosadas por violencia institucional y sin garantía a una vida libre de violencia, falta de ambulancias y capacidad diagnóstica, convierte en un privilegio inaccesible el derecho a la salud en estas comunidades rurales.
Esta situación resulta contradictoria e inaceptable en un presupuesto estatal 2026 que asciende a aproximadamente 66,379 millones de pesos, contemplando cerca de 8,584 millones para la directriz de Bienestar Social para la Salud, y que, al mismo tiempo, persistan el desabasto, la escasez de especialistas y el viacrucis de los pacientes.
“En Yucatán existe evidencia suficiente para considerar que el derecho humano a la protección de la salud enfrenta una crisis de efectividad. El problema no es únicamente presupuestario ni de infraestructura: existen indicios de fallas simultáneas en disponibilidad, accesibilidad y calidad de los servicios», dijo.
Advirtió sobre el riesgo inminente de una crisis mayor en las comunidades más vulnerables del estado, señalando que los estándares internacionales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) obligan a evaluar el sistema sanitario bajo estrictas dimensiones de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad.
Quintal Parra subrayó que el problema en Yucatán no es cuántos hospitales se inauguran, sino si las familias pueden ejercer su derecho a sanar cuando lo necesitan, recordando que la ciudadanía no puede callar cuando las madres de familia recorren unidades sin médicos y cuando los ciudadanos tienen que recurrir a un juez federal mediante un amparo para que les entreguen un medicamento que salva vidas.
