Gavin Newsom veta el proyecto de ley sobre el aborto en California
Viernes 25 de septiembre de 2026
El gobernador de California, Gavin Newsom, ha sorprendido al sector del aborto al vetar un proyecto de ley que habría consagrado en la legislación estatal las protecciones para los proveedores de abortos que infrinjan las leyes de estados provida.
Puntos clave:
En 2022, Newsom firmó la Orden Ejecutiva N-12-22, que protegía a los proveedores de abortos de ser extraditados a estados provida tras haber violado las leyes de dichas jurisdicciones.
El Proyecto de Ley de la Asamblea 2164 habría elevado esta orden ejecutiva a rango de ley y habría reforzado las leyes de protección de California en esta materia.
Newsom vetó el proyecto de ley, causando conmoción en el sector del aborto.
Los detalles:
La orden ejecutiva de Newsom de 2022 prohibía a las agencias estatales de California colaborar con agencias de estados provida que buscaran extraditar a proveedores de abortos por infringir sus leyes sobre la interrupción del embarazo.
Esto incluía garantizar la confidencialidad de historiales médicos, datos de pacientes, registros de facturación u otra información que pudiera ayudar a la investigación o al caso legal de otro estado.
Por su parte, el Proyecto de Ley de la Asamblea 2164 habría reforzado la orden ejecutiva para que también se aplicara a los proveedores de abortos de California que realizaran abortos fuera del estado.
Estas restricciones se habrían incorporado a la legislación estatal, en lugar de mantenerse como una orden ejecutiva de un gobernador en ejercicio.
A pesar del firme apoyo de Newsom al aborto, vetó el proyecto de ley. En un comunicado, explicó los motivos:
Si bien comparto la opinión del autor sobre la importancia de proteger estos servicios de salud esenciales, la extradición es una función exclusivamente ejecutiva. Cuando existe discrecionalidad, esta recae apropiadamente en el gobernador.
Me preocupa el precedente que se establecería si una administración saliente acordara con la Legislatura socavar la autoridad ejecutiva de un gobernador entrante basándose en preferencias políticas compartidas, independientemente de lo justas y bienintencionadas que sean dichas acciones.
