Liechtenstein mantiene el aborto penalizado
Jueves 2 de julio de 2026
El debate sobre la despenalización del aborto regresa con fuerza a Liechtenstein a través de la iniciativa popular «Solución de plazos para Liechtenstein».
La propuesta busca legalizar la interrupción voluntaria del embarazo durante las primeras doce semanas, garantizar el derecho a la información médica y cubrir los costes mediante el seguro sanitario público.
Aunque el Parlamento la declaró conforme a la Constitución, su avance se enfrenta a un obstáculo insalvable: el derecho de veto absoluto de la Corona.
El príncipe heredero Alois, jefe del Estado en funciones, ha anunciado que vetará la ley aunque reciba el respaldo mayoritario de los ciudadanos en las urnas.
En una extensa entrevista en el Liechtensteiner Vaterland, Alois defendió que la protección de la vida del no nacido es un deber moral absoluto e inalienable de cualquier gobernante, situado por encima de las mayorías sociales.
Además, rechazó la financiación pública argumentando que el embarazo no es una enfermedad ni el aborto un proceso terapéutico.
Este choque institucional cuenta con precedentes como la firme postura de Alberto II de Mónaco o la histórica abdicación temporal de Balduino de Bélgica en 1990.
Sin embargo, la arquitectura constitucional de Liechtenstein dota al soberano de un poder político real sin parangón en Europa.
Tras el ajustado rechazo en las urnas de otra reforma similar hace quince años, el Principado se adentra de nuevo en un complejo laberinto político donde la soberanía popular y la prerrogativa monárquica miden sus fuerzas de manera definitiva.