Con nueva Ley de Transparencia, datos personales podrán ser transferidos sin autorización del dueño
Domingo 23 de febrero de 2025
La iniciativa de la nueva Ley de Transparencia del gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo señala que los datos personales de los ciudadanos podrán ser transferidos sin autorización del dueño.
El nuevo sistema de transparencia y acceso a la información pública, controlado por el Ejecutivo federal, contará con una autoridad garante federal denominada Transparencia para el Pueblo.
Esta autoridad se encargará de la transparencia, tendrá facultades para revisar impugnaciones y emitir fallos correspondientes; además, Claudia Sheinbaum nombrará a sus integrantes.
Asimismo, la nueva Ley de Transparencia establece el derecho a la información y protección de datos personales.
Sin embargo, también incluye la facilidad para trnsferir datos personales de ciudadanos, entre instituciones y sin la necesidad de requerir la autorización de los dueños de esos datos.
La iniciativa dispone que el responsable de recabar y resguardar los datos personales “podrá realizar transferencias de datos personales”
Esto “sin necesidad de requerir el consentimiento de la persona titular”.
Transferencia para la investigación y persecución de delitos
Lo anterior “cuando la transferencia esté prevista en esta ley u otras leyes, convenios o tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte”.
“Cuando la transferencia se realice entre responsables, siempre y cuando los datos personales se utilicen para el ejercicio de facultades propias.
“Compatibles o análogas con la finalidad que motivó el tratamiento de los datos personales.
“Cuando la transferencia sea legalmente exigida para la investigación y persecución de los delitos, así como la procuración o administración de justicia”, dice.
También “cuando la transferencia sea precisa para el reconocimiento, ejercicio o defensa de un derecho ante autoridad competente.
“Siempre y cuando medie el requerimiento de esta última”.
Seguridad nacional, contratos
Así como “cuando la transferencia sea necesaria para la prevención o el diagnóstico médico.
“La prestación de asistencia sanitaria, tratamiento médico o la gestión de servicios sanitarios, siempre y cuando dichos fines sean acreditados”.
Además, “cuando la transferencia sea precisa para el mantenimiento o cumplimiento de una relación jurídica entre el responsable y la persona titular”.
Ni “cuando la transferencia sea necesaria por virtud de un contrato celebrado o por celebrar en interés de la persona titular, por el responsable y un tercero”.
De igual manera, “cuando se trate de los casos en los que el responsable no esté obligado a recabar el consentimiento de la persona titular para el tratamiento y transmisión de sus datos personales.
“Conforme a lo dispuesto en el artículo 16 de la presente Ley, o cuando la transferencia sea necesaria por razones de seguridad nacional”, dice la iniciativa.
En temas jurídicos
También ordena que “el responsable no estará obligado a recabar el consentimiento de la persona titular para el tratamiento de los datos personales cuando una disposición jurídica así lo disponga”.
“Los datos personales figuren en fuentes de acceso público; los datos personales se sometan a un procedimiento previo de disociación.
O “cuando los datos personales se requieran para ejercer un derecho o cumplir obligaciones derivadas de una relación jurídica entre la persona titular y el responsable”.
“Exista una situación de emergencia que potencialmente pueda dañar a un individuo en su persona o en sus bienes”, dice.
Así como en temas relacionados con la salud y cumpliento de mandatos judiciales
Tampoco cuando “los datos personales sean indispensables para efectuar un tratamiento para atención médica, la prevención, diagnóstico.
“La prestación de asistencia sanitaria, o la gestión de servicios sanitarios, mientras la persona titular no esté en condiciones de otorgar el consentimiento.
“En los términos que establece la Ley General de Salud y demás disposiciones jurídicas aplicables.
“Y que dicho tratamiento de datos se realice por una persona sujeta al secreto profesional u obligación equivalente”.
Ni cuando “exista una orden judicial, resolución o mandato fundado y motivado de autoridad competente”, precisa.
