Italia pasa del Estado de Derecho al Estado Policial: ¡imponen el Pasaporte de Vacunación o Green Pass!

Por Tomasso Scandroglio

Roma, Italia.

Falta de seguridad, eficacia y estado de necesidad: no hay justificación moral para la obligación de vacunación que el gobierno está introduciendo indirectamente con la herramienta Green Pass. La tragedia es que estas medidas autoritarias y arbitrarias se afirman no solo gracias a las sanciones previstas, sino porque se ha inculcado en la población el miedo a morir, lo que también lleva a la caza del fantasma “no vax”, no vacunas. Por tanto, el Estado de Derecho ya ha sido superado.

Como se sabe, el Green Pass nacional se expedirá si la persona está en posesión de un hisopo que acredite su negatividad y que se haya realizado en las últimas 48 horas, si hay evidencia de recuperación de Covid en los últimos 6 meses o en el caso de la vacunación con doble dosis. Sin el Pase Verde, uno está excluido del ejercicio de una serie de libertades. Si no es de jure, ciertamente de facto el estado está imponiendo una obligación de vacunación. Esto es lo que, sin necesidad de haber sido genios políticos, pronosticamos que sucedería en un artículo el pasado mes de diciembre .

Ahora preguntémonos: ¿puede el Estado imponer la vacunación? Ya lo habíamos abordado en el artículo que acabamos de mencionar. Nos referimos a él para los aspectos más analíticos del problema. Aquí recordamos los criterios básicos anticipando que las conclusiones expresadas hace meses hoy son aún más válidas.

Un sistema legal puede y debe imponer una conducta cuando ésta contribuya al bien común,cuando es necesario y no desafía elecciones muy personales (ver matrimonio). Con respecto al primer criterio, la protección de la vida y la salud ciertamente concierne al bien común. Pero debe haber una protección genuina de la vida y la salud. Las vacunas inseguras, como las actuales, no pueden calificarse como herramientas adecuadas para proteger la vida y la salud de los ciudadanos. Por tanto, un criterio a respetar para que se imponga una conducta es que dicha conducta sea eficaz para proteger y, en todo caso, incrementar el bien común. Efectividad significa que los efectos positivos seguramente o muy probablemente superarán a los negativos. Este criterio parece no ser respetado por las vacunas actuales que, de hecho, aún se encuentran en la fase de prueba y sobre las que varios estudios han puesto de relieve muchos aspectos críticos.

Pasemos al criterio de necesidad. En primer lugar, cabe señalar que una herramienta ineficaz no puede ser una herramienta necesaria: si no es necesaria y además es dañina, ¿cómo puede ser indispensable? Pero suponiendo y no concedido que las vacunas funcionen, el criterio de necesidad aún no se satisfaría con el uso de tales vacunas. De hecho, las mismas no son la única solución para hacer frente a la epidemia, sino que existen terapias caseras. Además, el peligro del Coronavirus es predecible solo para algunos sujetos. Por tanto, se concluye que no es necesario vacunar indiscriminadamente. Por tanto, al carecer del criterio de protección del bien común y de necesidad, la obligación de vacunación no tiene por qué existir.

En otras palabras, la decisión del gobierno de obligarnos a vacunarnos, aunque sea indirectamente a través de la estratagema del Green Pass, es irracional. Cuando un mandato es irrazonable, significa que es contrario a los principios de la ley natural y, por lo tanto, injusto. Por tanto, tendríamos una obligación legal pero injusta. No ius quia iustum, que es una regla que obtiene su validez de su justicia, sino ius quia iussum, que es una regla que obtiene su validez solo del poder de quienes la aprobaron, del hecho de que fue ordenada, impuesta.

Entonces, tal obligación puede encontrar base, por ejemplo, en la teoría de Thomas Hobbes (1588-1679), quien argumentó que es la autoridad y no la verdad la que hace las leyes, cayendo así en el autoritarismo (autoridad sin verdad) y el arbitrarismo de quienes gobiernan. Pero además de Hobbes, no se puede dejar de mencionar a Hans Kelsen (1881-1973) para quien el mandato jurídico encuentra su validez en la forma de la norma, es decir, en el cumplimiento de reglas procesales y, por tanto, en definitiva, convencional, no en su contenido, en esto que dice la norma. En el otro frente, es decir del lado del ciudadano, la obediencia a la orden no se deriva de la bondad de la orden, es decir de la justicia del mismo, sino del miedo, del miedo a la sanción que acompaña a la mando. Para Kelsen, la derecha resume en última instancia en este juicio hipotético: si no quieres X, haz Y.Si no quieres pagar una multa de 400 euros porque fuiste a misa o a un restaurante sin un Green Pass, tienen que vacunarse.

En esta perspectiva, la efectividad del comando, que es la adaptación real de los asociados a las indicaciones presentes en el comando, descansa en la fuerza intimidatoria del Estado, no en la justicia del comando. La obligación se impone a la conciencia colectiva no necesariamente intrínseca a la obligación – yo vacuno porque es correcto hacerlo – pero necesariamente extrínseca – yo vacuno de lo contrario han decidido quitarles algunas libertades. Se trata del poder chantajeador del Estado hacia quienes tienen menos poder que él y por eso está obligado a ceder mucho para no perderlo todo.

Hablamos del miedo a las sanciones como manantial obtener de los ciudadanos la adecuación de su conducta a los dictados del gobierno. Hoy en Italia quizás hayamos dado un paso más. Lo que ha movido y moverá a muchos, pero ciertamente no a todos, a vacunarse no es tanto el miedo a perder algunas libertades o pagar fuertes multas (la vacunación masiva ha florecido con energía en ausencia de estos elementos disuasorios) sino el miedo a morir. Los medios y el gobierno han logrado aterrorizar a la población a la perfección. Prueba es el porcentaje de personas que andan con la mascarilla en pleno verano y al aire libre a pesar de que la obligación relativa de llevarla se ha eliminado durante semanas. El contador Rossi se ha vuelto más riguroso que el ministro Speranza. Draghi & Co. luego se encuentran guiando conciencias ya atrapadas por el pánico, ya ablandado por el miedo adormecedor y paralizante de la muerte. Una bandada que nunca alcanzará la inmunidad frente al virus, pero que ya ha logrado inmunidad desde el sentido de la realidad y la medida.

Por tanto, teniendo en cuenta esta situación social, el Pase Verde sólo puede estar destinado a los rebeldes, a los que son tachados con desprecio de “no vax”, a los recalcitrantes del pensamiento razonador. Para rastrear a los exponentes de esta resistencia a la política de vacunación y hacerlos desistir de una lucha dedicada a la abstención de vacunación, es necesario quemar la casa donde viven, es decir, quitarles la mayor libertad posible. Conclusión inevitable: hemos pasado del Estado de Derecho al Estado Policial.