Documenta Auditoría Superior de la Federación cuantiosas irregularidades en SEGALMEX

Compras fantasmas, inventarios de productos que sólo existen en el papel, pero no en bodegas, y tratos con empresas irregulares que tienen supuestos trabajadores de los que no hay registro de seguridad social en el IMSS son parte de un posible daño a la Hacienda Pública Federal por 3 mil 396 millones 253 mil 452 pesos que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó en el organismo Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex). 

La auditoría 283-DE a la gestión financiera de Segalmex, parte del tercer informe de la cuenta pública 2019, reveló que en el rubro de «Inventarios» de maíz y frijol este organismo presentó un saldo al 31 de diciembre de aquel año de 1 mil 819 millones 544 mil 700 pesos; sin embargo, de este monto, Segalmex, a través de Diconsa, sólo tuvo inventarios físicos de maíz sólo por 323 millones 298 mil 500 pesos.  

En consecuencia, el órgano fiscalizador no pudo constatar la existencia física de 1 mil 496 millones 246 mil 200 pesos de ambos granos que se presentan en los registros contables.  

Estas anomalías en el manejo financiero se suman a las documentadas por La Silla Rota en Segalmex durante el actual gobierno federal, que derivaron en la salida de René Gavira Segreste, un funcionario formado en el régimen del PRI que fungía como director de Administración y Finanzas, y por cuyas manos pasaron los millonarios contratos que ahora observa la ASF y otros más que surgieron de procedimientos discrecionales sin licitación, que van desde arrendamiento de vehículos hasta aplicación de encuestas y captura de datos, con sanciones impuestas después de la exhibición de anomalías por parte de la Secretaría de la Función Pública (SFP).  

En su revisión, los auditores constataron que en las adquisiciones de frijol registradas en cuatro pólizas, que ascendieron a 551 millones 289 mil 700 pesos, no se proporcionaron las boletas de recepción y liquidación de los productores, que son los documentos que soportan la entrada del grano a los Centros de Acopio.

De igual forma, al inspeccionar las entradas de los productos de canasta básica a los almacenes de Diconsa, encargada de su custodia y administración de los productos, rastreo que en 31 contratos que suman 593 millones 343 mil 900 pesos, Segalmex no acreditó la recepción de 94 millones 405 mil 400 pesos, mediante el «Reporte de movimientos 5 y 55» emitido por el Sistema Integral de Almacenes Comunitarios (SIAC) de Diconsa.  

Asimismo, identificó pagos en exceso por 51 millones 120 mil 400 pesos, correspondientes a mil 520 productores de trigo panificable por el diferencial del precio de garantía de 27 mil 702 toneladas, las cuales excedieron el tonelaje permitido de 100 toneladas por productor, según los «Lineamientos del Programa Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos».  

Otra irregularidad fue que Segalmex no acreditó dónde se encuentran 34 millones 732 mil dos costales blancos de polipropileno, por los cuales destinó 182 millones 106 mil 800 pesos, aun cuando en el pedido A/001/2019 se estableció como fecha obligada el 31 de diciembre de 2019 y que el pago se realizaría en parcialidades por cada entrega realizada, y en caso de presentarse una suspensión en la entrega de los bienes se pagarán aquellos efectivamente entregados.  

Tampoco –según el dictamen de la ASF– se conoce dónde están 87 mil 129 tarimas que costaron 67 millones 211 mil 300 pesos, incluso cuando en el pedido A/011/2019 que debían estar completamente entregadas el último día de aquel año.  

Por todas las posibles irregularidades, la Auditoría Superior de la Federación emitió 13 Recomendaciones, cuatro Solicitudes de Aclaración, cinco Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 9 Pliegos de Observaciones. No obstante, estas no son las únicas anomalías en Segalmex.  

La Silla Rota documentó que entre los multimillonarios contratos sin licitar que fueron otorgados en Segalmex están cinco por 1 mil 475 millones de pesos en arrendamientos, combustibles y fletes. El primero, con la empresa Lumo Financiera del Centro SA de CV Sofom ENR, entró en vigor el 1 de enero y vence el 31 de diciembre de 2023. El «arrendamiento de vehículos terrestres de carga y gran carga» solicitado tiene un costo de 742 millones 787 mil 980 pesos.  

Al revisar el procedimiento, este medio detectó que los vehículos terrestres de carga a los que refiere son 60 «sedán básico de cuatro puertas» que fueron arrendados, cada uno, en 244 mil 80 pesos sin incluir Impuesto al Valor Agregado (IVA). Entre la gama de sedanes básicos a la venta en ese momento, modelos 2020, estaba el Chevrolet Aveo, con un precio desde 225 mil 800 pesos y el Nissan Versa, desde 239 mil 900 pesos. Aunque en la versión pública del contrato disponible en Compranet no precisaba marca de los automóviles, el costo por renta (280 mil 692 pesos) era superior a haber comprado entre la gama de versiones básicas en el mercado.  

«Los vehículos de gran carga» son 1 mil 100 «Pick up cabina sencilla 4 cilindros», cada una rentada en 573 mil 870 pesos, sin IVA, como aparece en la descripción del contrato (659 mil 950 con IVA). La Chevrolet Colorado 2020 tiene un precio desde 608 mil 100 pesos; es decir, cincuenta mil pesos más económico comprarlas que rentarlas, con una vida útil media de 14 años, de acuerdo con consultas realizadas por este medio a asesores automotrices.    

Por las manos de Gavira Segreste también pasaron más millonarios contratos, como uno por 1 mil 714 millones 848 mil pesos sin IVA para Jet Van Car Rental SA de CV por la renta de 600 camiones 4×2 y 100 tractocamiones 6×4 quinta rueda, con caja, por dos años a partir de 2019.  

El pasado 25 de enero, la Secretaría de la Función Pública (SFP) inhabilitó a Jet Van Car Rental  con un año  y una multa económica por un millón 433 mil 874 pesos, por incumplir un contrato de arrendamiento de automóviles con el Servicio de Protección Federal.  

Segalmex también pagó 4 millones 43 mil 394 pesos antes de IVA para «levantamiento de encuestas» como parte del «servicio de desarrollo de la estrategia de extensionismo» de este organismo, en 2019.  

La adjudicación fue directa a una empresa denominada Croix Consultores SA de CV, de la que únicamente se encontró presencia online en Facebook, con una fanpage creada el 5 de septiembre de 2018 y cuya última publicación data del 12 de noviembre de 2019, con 59 seguidores. Esta firma también recibió el contrato 2127443 por «promoción para la incorporación de nuevos productores de leche», que, sin impuestos, asciende a 5 millones 94 mil pesos.  

Además, Segalmex destinó medio millón de pesos más para un servicio de «captura y procesamiento de información» que otorgó a Bufete de Soluciones Integrales SC.  

Todos estos contratos pasaron por las manos de René Gavira, quien, por designación de Ignacio Ovalle Fernández, se hizo cargo de las unidades de administración y finanzas de Liconsa y Diconsa que, al fusionarse, dieron origen a Seguridad Alimentaria Mexicana.  

Después de que se dieran a conocer presuntas irregularidades en el manejo financiero de Seguridad Alimentaria Mexicana Gavira Segreste dejó el cargo el 30 de junio pasado de 2020, pero por «decisión propia», sin ningún procedimiento interno por las posibles anomalías en las que incurrió.