Organismos monitoreadores de tratados, faltos de fondos, amplían su cabildeo proaborto entre solicitudes de reforma

Por Rebecca Oas, Ph.D.

WASHINGTON, D.C. 14 de agosto (C-Fam) La semana pasada, los presidentes de los comités que monitorean la conformidad con los tratados de derechos humanos de la ONU entregaron una advertencia de que su trabajo está amenazado por un financiamiento insuficiente. El déficit presupuestario se debe a la pandemia global del coronavirus, que ha obligado a estos organismos a reunirse remotamente desde marzo y a posponer las reseñas sobre países desde entonces.

Mientras tanto, la Asamblea General de la ONU lleva adelante una revisión del sistema de organismos monitoreadores de tratados, y ha llamado a los gobiernos nacionales, a los expertos en derechos humanos y a las organizaciones de la sociedad civil para que envíen sus recomendaciones de reformas.

Ninguno de los nueve tratados principales de derechos humanos menciona el aborto. Dada la controversia en torno al uso del lenguaje abortista —incluso referencias eufemísticas— en resoluciones no vinculantes, los Estados miembros de la ONU jamás habrían permitido la incorporación del aborto en un tratado multilateral vinculante durante las negociaciones sobre el texto.

Desde los noventa, los organismos monitoreadores, comités de expertos encargados de asegurar que los países que ratifican tratados de derechos humanos actúen conforme a sus obligaciones, han presionado a los países para que liberalicen sus leyes de aborto.

Esta práctica comenzó con el organismo monitoreador adjunto al tratado contra la discriminación contra las mujeres (CEDAW, por sus siglas en inglés), pero rápidamente se expandió a numerosos otros organismos, y la presión solo se ha seguido incrementando en años recientes.

En 2019, dos más de los nueve organismos monitoreadores lanzaron sus primeras recomendaciones proaborto. El comité sobre los derechos de los trabajadores migrantes expresó su preocupación porque las leyes contra el aborto en Libia estaban dificultando que las mujeres migrantes denunciaran crímenes. El comité contra la discriminación racial le dijo a El Salvador que “revisara la legislación” que criminaliza el aborto en todas las circunstancias porque “tiene un mayor impacto sobre las mujeres indígenas y las mujeres de ascendencia africana”.

A fecha de hoy, ocho de los nueve organismos monitoreadores han presionado a países en materia de aborto.

El Center for Reproductive Rights (Centro para los Derechos Reproductivos), una firma jurídica proaborto, alabó a los organismos monitoreadores por esta práctica en su entrega para el proceso de revisión de la Asamblea General: “La jurisprudencia proveniente de los organismos monitoreadores ha sido clave para los avances en estándares internacionales de derechos humanos relativos a la anticoncepción, el cuidado de salud materna y el aborto”, y declaró que ellos le atribuyen “la más alta importancia al trabajo de los organismos monitoreadores de tratados de derechos humanos de las Naciones Unidas”.

Dentro del sistema mayor de la ONU, los organismos monitoreadores han provisto un punto de entrada para que otras agencias justifiquen sus propias declaraciones y prácticas proaborto. Este año, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OHCHR, por sus siglas en inglés), la organización “paraguas” que incluye los organismos monitoreadores y otros procedimientos de derechos humanos, actualizó su informe sobre el aborto, que incluye numerosas instancias de presión por parte de organismos monitoreadores, organizadas por categorías.

Han hecho un llamado en pro de una descriminalización completa del aborto, su legalización en al menos algunas circunstancias y la remoción de barreras al acceso tales como el consentimiento parental o conyugal o los derechos de conciencia de los proveedores de servicios de salud.

Otras entidades de la ONU, incluida la Organización Mundial de la Salud, luego se apoyan en la OHCHR y los organismos monitoreadores cuando insinúan que el aborto es un derecho humano.

La Asamblea General, compuesta de todos los países miembros de la ONU, se ha rehusado consistentemente a reconocer derecho humano alguno al aborto. Aún así, los organismos monitoreadores han creado, en la práctica, un mecanismo para rodear esa realidad y convertir la ONU en un poderoso grupo de cabildeo proaborto.

Las organizaciones profamilia, incluida C-Fam, también han entregado declaraciones al proceso de revisión de los organismos monitoreadores. Hacen un llamado a que la Asamblea General instituya reformas que aseguren la rendición de cuentas por parte de los organismos de expertos en derechos humanos y someta su trabajo al texto de los tratados y a sus cargos originales.