Gobierno federal y gobierno del estado compiten para ver quien hace más disparates en el tema del COVID-19

Tal parece que el gobierno federal y el gobierno del estado se han enfrascado en una contienda para ver quien hace más disparates en el manejo de la pandemia provocada por el virus del COVID-19.

Por un lado, dependencias de salud federales como el seguro social, siguen la línea demencial dictada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y obligan a empleados con presunción de estar contagiados por el virus del COVID-19 a presentarse a sus labores, convirtiéndose en verdaderas amenazas para la salud de sus. Derechohabientes.

En contraste, a empleados de cualquier empresa o dependencia que acudan a consultar con ese motivo, los conminan (tal y como debiera ser) a guardar cuarentena y aislarse, para no difundir el contagio. Irónicamente esto no aplica para los empleados al servicio del seguro social, porque de acuerdo a sus superiores, si hacen esto, se quedarían sin nadie para hacer el trabajo y atender al público.

Tal situación es la que prevalece en la clínica de Conkal del seguro social, nos comentan indignados usuarios, que señalan que se han enterado, que el director de dicho centro hospitalario, Javier Puc, obliga a empleados sospechosos de estar contagiados del virus del COVID-19 a presentarse a laborar, antes de hacerse las pruebas correspondientes, poniendo en tremendo riesgo la salud de los derechohabientes que acuden a consultar.

Además, los usuarios de la clínica se quejaron de la falta de medidas de limpieza e higiene, pues cuando un paciente sospechoso de estar afectado por el coronavirus ingresa a consultorios, en vez de ser atendido en urgencias, que es el área señalada al efecto, no se verifica la desinfección de rigor, poniendo en peligro la salud de empleados y público en general.

Pero el gobierno del estado no canta mal las rancheras. Pudimos enterarnos que en la Secretaría de Educación seis empleados de pagaduría están infectados con el virus del COVID-19, incluyendo una persona que ha debido ser entubada.

Las medidas de higiene en el área previamente aludida, son inexistentes, pues en vez de los tapetes desinfectantes, mojan un trapeador en cloro y es cuanto destinan teóricamente a la prevención y medidas de seguridad.

Las autoridades de la secretaría, comenzando por su inepta titular, Loreto Villanueva Trujillo, se obstinan en hacer nóminas, que simplemente se archivan, poniendo en riesgo la salud de los empleados, que son varios de ellos, por su edad y afecciones, población de riesgo.

El número de contagios y de muertes a consecuencia del COVID-19 sigue en ascenso y tal parece que en los diferentes niveles de gobierno, con criterio Malthusiano, han decidido que se contagie y muera quién deba hacerlo, pues han renunciado ya a implementar cualquier medida para contener la cantidad de contagios y defunciones, pues en la práctica, han abierto ya muchas de las actividades en nuestra nación y nuestra entidad, como si nada pasara.

Muchos padres de familia se han comunicado con nosotros, expresando su preocupación porque pudiera decretarse retornar a clases en el mes de agosto, situación que podría eventualmente convertirse en el detonante de una ola gigantesca de contagios y muertes, entre alumnos y personal docente de los centros educativos de todo nivel de nuestro país y entidad. Cosa que esperamos no suceda, hasta que hayan condiciones de seguridad para todos.

Las autoridades federales y estatales siguen mintiendo, maquillando las cifras de contagios y fallecimientos y asegurando que existe capacidad hospitalaria para atender los casos de personas infectadas por el virus, situación completamente falsa, toda vez que NO HAY MÉDICOS SUFICIENTES para ello.

Incluso pudimos enterarnos que varios nosocomios empiezan a hacer agua, porque no sólo ya ha sido rebasada su capacidad de atención, sino porque hay tal cantidad de infectados, que las áreas habilitadas para la atención de los enfermos, no cuentan con las medidas de seguridad suficientes para estar aisladas de las destinadas a otros padecimientos, propagando el contagio por deficiencias en los protocolos sanitarios.

Tal es el caso de Hospital O Horán que ya hace tiempo nos ha hecho saber personal médico de tal nosocomio que ha colapsado. En dicho centro hospitalario la emergencia es de tal magnitud, que hasta su director Marco Antonio Cetina está contagiado.

De manera por demás increíble, asombra que nadie, tanto a nivel federal, como a nivel estatal, haga énfasis en una medida tan básica y elemental para la contención del índice de contagios y decesos, como resulta reforzar el sistema inmunológico de la población de nuestro país y de nuestra entidad.

Los complejos vitamínicos destinados a esto, deberían ser repartidos de manera masiva y no resultan demasiado onerosos. Muchos nos preguntamos porque razón ni el gobierno federal, ni el gobierno del estado lo han hecho. Penosamente la única respuesta que podemos darnos, es que están reservando el dinero, para repartirlo en forma de dádivas durante las elecciones.

Lo que es un hecho, es que los gobiernos federal y estatal han renunciado a cualquier medida de contención, se carece de una estrategia para combatir la pandemia y se sigue recurriendo de manera incomprensible a métodos terapéuticos, que especialistas de otros países que han sufrido el flagelo del virus del COVID-19 catalogan como inoperantes.

Tal parece que debemos empezar a hacer caso de algunas teorías de la conspiración y suponer que el objetivo de las autoridades, es conseguir a toda costa, la mayor cantidad posible de muertes.

Nuestra salud depende de cada uno de nosotros y de los cuidados que tengamos al efecto. Estamos en las manos de Dios, toda vez que resulta muy claro que nuestros gobernantes han tirado la toalla.

Seguimos pendientes…