Macron obtuvo datos de los usuarios europeos de Twitter
Sábado 6 de septiembre de 2025
Una investigación liderada por el periodista Michael Shellenberger ha sacado a la luz una serie de correos electrónicos y comunicaciones internas que muestran cómo el gobierno francés, bajo la dirección de Emmanuel Macron, coordinó esfuerzos con organizaciones no gubernamentales (ONG) afiliadas al Estado para influir en las políticas de moderación de contenido de la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter.
Esta presión, ejercida desde al menos 2020, buscaba forzar a la empresa a censurar discursos legales y entregar datos sensibles de usuarios, en un intento por controlar narrativas globales.
Los documentos, publicados el 3 de septiembre en la plataforma X, detallan cómo Macron intentó contactar personalmente al entonces CEO de Twitter, Jack Dorsey, para discutir nuevas políticas sobre «integridad electoral».
Sin embargo, la falta de acceso directo al número de Dorsey llevó a una serie de negociaciones internas en las que el equipo de Macron insistió en canales privados como mensajes de texto o aplicaciones seguras.
Paralelamente, ONGs respaldadas por el gobierno francés, como SOS Racisme y la Unión de Estudiantes Judíos de Francia (UEJF), iniciaron demandas estratégicas contra Twitter, acusándolo de no actuar lo suficientemente rápido contra el discurso de odio, un movimiento que parece haber sido coordinado con la administración presidencial.
La investigación sugiere que esta estrategia, conocida como «censura por proxy mediante ONG», tiene sus raíces en la ley Pleven de 1972 y se ha perfeccionado bajo el mandato de Macron, especialmente desde 2016, cuando eventos como el movimiento de los Chalecos Amarillos y el auge del soberanismo global alarmaron a las élites francesas.
Entre las medidas impulsadas se incluyen la eliminación de contenido en un plazo de 24 horas, la prohibición de «deepfakes» y la creación de VIGINUM, una agencia de contrainformación lanzada en 2021.
El momento de estas revelaciones coincide con negociaciones comerciales entre la administración Trump y la Unión Europea, donde la censura de plataformas sociales estadounidenses se ha convertido en un punto de fricción.
Analistas advierten que la influencia del mercado europeo podría obligar a empresas como X a adoptar estándares de censura más estrictos, incluso para usuarios estadounidenses protegidos por la Primera Enmienda.
Mientras tanto, el gobierno francés ha intensificado sus acciones legales contra X, con una investigación criminal en curso desde julio de 2025 por supuesta interferencia en sistemas informáticos y extracción fraudulenta de datos.
Macron y su equipo no han respondido a las solicitudes de comentario, pero estas revelaciones han reavivado el debate sobre la libertad de expresión en Europa y el papel de los gobiernos en la regulación de las redes sociales.
La oposición, liderada por figuras como Marine Le Pen, ha condenado estas tácticas como un ataque a la democracia, mientras que defensores de las políticas de Macron argumentan que son necesarias para «combatir el discurso de odio y la desinformación».
La comunidad internacional sigue de cerca estos desarrollos, especialmente en el contexto de las tensiones comerciales transatlánticas.