Excesos y medidas inaceptables

Viernes 11 de abril de 2025

Contra todo buen sentido, la Secretaría de Educación Pública, que encabeza Mario Delgado, individuo que no es maestro, ni tiene la más peregrina idea de lo que es la educación, decidió eliminar de golpe y porrazo, la venta de alimentos chatarra en los planteles educativos del país.

Con esta disposición, de suyo injusta, excesiva y arbitraria, quedaron de golpe y porrazo, proscritos de las escuelas, botanas, frituras, pastelitos, galletas, sodas, jugos y refrescos carbonatados. Todo ello, con la intención de abonar a la buena nutrición de los alumnos, se ha dicho.

El asunto es que nadie se pone a ver que esta medida draconiana es de suyo, injusta y anticonstitucional y pone a los alimentos casi al nivel de las drogas o el tabaco, sin que exista legislación que lo declare con claridad.

Recordemos que los servidores públicos solo pueden hacer aquello que la ley les mandata y que cuando exceden ese margen, incurren en delitos o al menos, en faltas administrativas.

De igual modo, la arbitraria disposición no se detiene a pensar en la cantidad de personas que viven del comercio de tales productos y que súbitamente se han quedado sin su fuente de ingresos, a causa de una determinación tomada sin sentido social alguno.

Pero lo peor y más serio, es que la medida, pasa por encima del sagrado derecho que tienen los padres de decidir que es lo que sus hijos pueden o deben comer, tal y como sucedería en cualquier país totalitario como China, Cuba, Nicaragua o Corea del Norte, dictaduras que se sienten con derecho a decidir como deben vivir, comer y hasta morir sus habitantes.

Y esto es sumamente peligroso, pues cuando el estado decide suplantar la voluntad paterna o individual, es que estamos ya en un nivel de autoritarismo intolerable, en el que los derechos y garantías individuales y de grupo, han sido conculcados, con base al ejercicio desmedido del poder estatal.

Es grave, muy grave, que el estado pisotee la libertad y autodeterminación y nos diga que comer, como, cuando y donde hacerlo, a despecho de la decisión de los individuos directamente interesados. Lo anterior, sin menoscabo de la presunta buena intención de nutrir adecuadamente a los menores.

A partir de ello, no podemos dejar de observar el autoritarismo que impregna la decisión, habida cuenta que los hijos son responsabilidad de los padres y si ellos optan por alimentarlos con fritangas, bebidas edulcoradas o harinas, habrá que, ante todo, respetar esa decisión y tratar de reencauzarla a través del conocimiento y la información, pero nunca pasar por encima de ella, debido a que puede ser motivada por factores económicos, que obliguen a los progenitores a alimentar a sus hijos con productos que sacien y no que nutran.

Estamos seguros que si después de la malhadada reforma judicial quedaran en el país jueces y magistrados con pundonor y hombría de bien, en vez de títeres y marionetas de consigna, al servicio del sistema, estos otorgarían a quienes se quejaran, la protección de la justicia federal.

Por supuesto, eso ahora no va a pasar, puesto que el estado se ha tomado la molestia de asegurarse que ningún juez o magistrado se atreva a llevarle la contraria.

Yucatán no ha sido la excepción y sabemos que en nuestra entidad, la medida se ha impuesto a rajatabla de parte de las autoridades educativas estatales, llegando al extremo en Umán de ponerse el director de un plantel, a revisar las mochilas de los alumnos en busca de alimentos chatarra, como si se tratara de armas o drogas, situación que derivó en airadas protestas de los paterfamilias.

Nos consta que incluso en colegios particulares se ha puesto la medida en vigor, en medio de amenazas veladas a tales centros educativos, lo que constituye excesos inaceptables, llevándonos a preguntarnos que pasará si a un alumno le decomisan esta clase de alimentos. ¿Será acaso el maestro o el director del plantel el encargado de darle de comer?, ¿se llegará al extremo de dejar al niño o al muchacho sin alimentarse?

Es obligado cuestionarse si nuestros genios educativos se han puesto a pensar cuanto tarda un niño o un adolescente en digerir un plato de cóctel de frutas o cualquier cantidad de frutos de la estación. ¿Quién pagará ese costo cuando al educando le vuelva a dar hambre?, ¿saben acaso nuestros preclaros funcionarios lo caro que resulta alimentarse sanamente?, ¿volverán a implementarse los desayunos escolares como programa social? (Víctor Cervera lo hizo).

Hacemos votos porque al menos en nuestra entidad prevalezca el sentido común e impere la vieja máxima que prescribe: la ley se aplica, pero no se cumple. Después de todo, hagamos oídos de mercader al desacato que implicaría a las disposiciones federales, los yucatecos en tiempos de Cervera Pacheco probamos ser especialistas en la materia.

Y sobre todo, no olvidemos que de estas arbitrariedades del estado, es que el ciudadano cobra cumplida venganza en la intimidad de la casilla, SIN QUE NADIE PUEDA IMPEDIRLO.

Seguimos pendientes…

Dios, Patria y Libertad