México

Empresa China demandó al gobierno federal por litio

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jueves 27 de mayo de 2024

Estas son las consecuencias de las Ley Minera de 2022, pues una empresa de China demandó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador por el litio

Este miércoles, se dio a conocer que una empresa de China demandó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador por el litio.

La empresa china Ganfeng Lithium Group presentó una reclamación de arbitraje contra el Gobierno de México ante la cancelación de nueve concesiones sobre extracción de litio por parte de la Dirección General de Minas.

De acuerdo con la demanda presentada al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, la empresa junto a sus subsidiarias buscan iniciar un juicio contra el país.

La demanda fue presentada el pasado viernes 21 de junio junto a las empresas británicas Bacanora Lithium y Sonora Lithium, pues en agosto del 2023, la Secretaría de Economía notificó la cancelación de nueve concesiones a Ganfeng Lithium al asegurar que la empresa no cumplió con la inversión mínima de 2017 a 2021 para mantener los permisos.

De acuerdo con El Economista, Ganfeng pagó cerca de 253 millones de dólares para adquirir Bacanora Lithium, la cual está a cargo de la construcción de la mina de litio más grande del mundo, Proyecto de Litio de Sonora.

Las cancelaciones estarían relacionadas a la reforma a la Ley Minera de 2022, presentada por López Obrador, con la que declararon al mineral como sector estratégico y quedó como derecho exclusivo al estado su extracción. Aunque según la empresa no se tocarían las concesiones de proyectos ya existentes.

De acuerdo con información de El Financiero, quien tuvo acceso al documento, la empresa minera busca una compensación derivado de las violaciones a tratados bilaterales de inversión.

También va por el pago de intereses, costos y honorarios de arbitraje, aunque aún no hay cifra definida.

De igual modo, las empresas habían presentado recursos de revisión administrativa ante la Secretaría de Economía para impugnar las resoluciones y en enero del 2024 también presentaron demandas de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa las cuales están pendientes de resolución.

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