Agencias de la ONU presionan a Malawi para que liberalice el aborto

WASHINGTON, D.C. (C-Fam) por Rebecca Oas, Ph. D.

Los legisladores de Malawi se enfrentan a una fuerte presión para liberalizar las leyes sobre el aborto del país durante el actual período de sesión parlamentaria.  Los líderes religiosos están pidiendo que se archive el Proyecto de ley de interrupción del embarazo.  Mientras tanto, las organizaciones con fuentes de financiamiento internacional, y las entidades de la ONU, están coordinando para asegurar que se apruebe el proyecto de ley.

Actualmente, Malawi permite el aborto solo para salvar la vida de la madre.  El proyecto de ley propuesto permitiría hacer abortos “seguros” y “legales” en casos de anomalías en el feto, casos de violación o incesto y si se dice que el embarazo amenaza la salud física o mental de la madre. 

La Christian Medical and Dental Fellowship (Asociación Médica y Dental Cristiana) de Malawi señaló que excepciones similares en cuestiones de salud han “llevado a otros países a practicar efectivamente el aborto a petición”.

También es notorio que si bien la excepción por violación e incesto tiene un límite de 16 semanas de gestación, no existe tal restricción en la excepción por motivos de salud.

Un proyecto de ley similar se presentó en 2017, un año después de que una Comisión de Leyes Especiales publicara un informe en el que se pedían cambios en las leyes de aborto del país. 

La Comisión de Leyes citó a la organización internacional pro-aborto Ipas, con sede en los EE.UU., para que proporcionara los fondos para el proyecto.

Una de las defensoras más abiertas del proyecto de ley es Emma Kaliya, presidente de la Coalición para la Prevención de Abortos Inseguros (COPUA).  COPUA fue establecida en 2010 con el apoyo de Ipas, después de que Ipas junto con el Ministerio de Salud de Malawi y la Organización Mundial de la Salud (OMS) hicieron una evaluación estratégica nacional sobre el aborto.

Otro grupo clave de defensa y promoción en apoyo del proyecto de ley es el Centre for Solutions Journalism(CSJ), también con sede en Malawi y que recibe fondos de Ipas, COPUA y Amplify Change, una organización que promueve el aborto y otros proyectos de “salud y derechos sexuales y reproductivos” en los países en desarrollo con fondos de Dinamarca, los Países Bajos, Suecia, el Reino Unido y otras fundaciones con sede en países occidentales.

El director de Ipas en Malawi reclutó a obstetras y ginecólogos para que fueran “nuevos campeones” para cambiar la ley de aborto, presentándolos como oradores en eventos y talleres de COPUA.  Según un artículoque resume las actividades de promoción y defensa de la reforma de la ley de aborto en Malawi, “algunos de ellos se hicieron miembros de COPUA, mientras que otros formaban parte de la Comisión de Leyes Especiales, o ambos”.  El artículo en sí fue el resultado de un estudio financiado por el gobierno del Reino Unido.

Malawi se ha enfrentado a la presión de los órganos de derechos humanos de la ONU para liberalizar sus leyes de aborto, incluyendo los comités de supervisión de tratados adjuntos a varios tratados que ha ratificado.  Los defensores del proyecto de ley sobre el aborto citan frecuentemente las recomendaciones de estos comités así como la orientación de la OMS, aunque ninguna de ellas es vinculante.

A pesar de la campaña bien financiada y coordinada para ampliar el aborto en Malawi, los líderes religiosos locales se están pronunciando en contra.  Hace dos semanas, la Asamblea General Presbiteriana regional reafirmó su postura contra la legalización del aborto.  El moderador de la asamblea, el reverendo Bizwick Nkhoma, dijo: “Estamos reiterando que decimos no al aborto. Esto es malo y es un pecado. Si seguimos legalizándolo, vamos a maldecir el país”.

Una coalición de obispos católicos, otros ministros cristianos y líderes musulmanes emitieron una declaraciónconjunta condenando el proyecto de ley, llamando al aborto y al infanticidio “crímenes abominables” y “gravemente pecaminosos”.

El lunes, el Parlamento de Malawi confirmó que se discutirá el proyecto de ley en la sesión actual del Parlamento, que termina el 23 de octubre.