Falso que ya no se espía en el gobierno de López Obrador, el espionaje continúa
Domingo 10 de diciembre de 2023
Frase: Nosotros no lo hacemos, aquí se terminó eso, no espiamos a nadie, no escuchamos teléfonos de nadie.
Autor: Andrés Manuel López Obrador, presidente de México
Lugar y fecha: 5 de diciembre de 2023, Conferencia matutina, Palacio Nacional
El Presidente Andrés Manuel López Obrador mintió al decir que su gobierno no espía a ninguna persona. Hasta la fecha, se han documentado al menos 10 casos de espionaje durante el actual gobierno.
En su conferencia matutina del 5 de diciembre de 2023, el presidente López Obrador dijo: “siempre hemos padecido nosotros de espionaje, siempre, y hay. Nosotros no lo hacemos, aquí se terminó eso, no espiamos a nadie, no escuchamos teléfonos de nadie”.
En distintas ocasiones, López Obrador y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) han negado las acusaciones de espionaje, pero siguen sin transparentar la información sobre el uso del malware Pegasus, un programa espía que –de acuerdo con un informe de Citizen Lab– ha sido usado para la vigilancia de periodistas en México.
A esto se suman las denuncias de organizaciones de la sociedad civil sobre el uso de Pegasus en México y la impunidad en los casos de espionaje en los sexenios de Calderón y Peña Nieto.
El Ejército espía
En octubre de 2022 supimos que el Ejército mexicano compró en 2019 un “servicio de monitoreo remoto de información” para intervenir teléfonos celulares.
Esta contratación fue con la empresa Comercializadora Antsua, representante en México de la empresa NSO Group, dueña del software Pegasus.
Ese mismo año Citizen Lab, de la Universidad de Toronto, documentó que los celulares de al menos tres personas en México fueron intervenidas con Pegasus para monitorear llamadas y mensajes: un periodista de Animal Político; Raymundo Ramos, defensor de derechos humanos en Tamaulipas; y el periodista Ricardo Raphael.
Al momento de la intervención, los tres casos contaban con un común denominador: la investigación de temas relacionados con presuntas violaciones a derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas.
Catorce días después, el diputado federal Agustín Basave Alanís, de Movimiento Ciudadano, denunció que fue espiado con el software en septiembre de 2021, según una alerta de infección de Apple, que también confirmó Citizen Lab.
El diputado declaró que “si no es el gobierno federal (quien espía), el gobierno federal debería ser el primer interesado en saber quién está haciendo uso de esta herramienta para espiar a un diputado federal. No pueden refugiarse simplemente en decir ‘no fuimos nosotros’ y al mismo tiempo no estar interesados en saber quién fue”.
El 18 de abril de 2023, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Pro) denunció que fue intervenido mientras daba seguimiento a la investigación del caso Ayotzinapa y otros casos de violaciones a derechos humanos presuntamente cometidas por militares.
Las fechas de infección en 2022 coinciden con el señalamiento que la Sedena hizo contra el Centro Pro al catalogarlo como un “grupo de presión”, según informes internos de la dependencia hackeados por el grupo Guacamaya.
Otro caso es el de Netzaí Sandoval y tres funcionarios del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) fueron espiados con el sistema Pegasus en 2021, mientras litigaban 500 denuncias en contra militares por presuntos actos de tortura. También, llevaban la defensa de Juana Hilda González, acusada en el caso del secuestro de Hugo Alberto Wallace.
Aunque Sandoval omitió señalar al Ejercito, Salvador Leyva, ex titular de la Secretaría Técnica del Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos, mencionó que algunas hipótesis incluían la participación de la Sedena e Isabel Miranda de Wallace en el espionaje a los miembros del IFDP, aunque esta última negó participar en este acto.
En mayo del 2023, el diario estadounidense The New York Times reportó que Alejandro Encinas, ex subsecretario de derechos humanos, fue espiado con Pegasus mientras lideraba la Comisión de la Verdad en el caso Ayotzinapa en 2022.
The New York Times destacó que la licencia de Pegasus está permitida solo a agencias gubernamentales, y “aunque no hay pruebas definitivas sobre cuál es la que realizó el hackeo al celular de Encinas, el Ejército es la única entidad que tiene acceso al programa espía”.
Efectivamente, el malware Pegasus solo es vendido a gobiernos para que realicen investigación sobre delitos graves o terrorismo, según declaraciones ante cortes de Estados Unidos de Shalev Hulio, director de NSO Group.
Para la venta del software en cada país, NSO Group designa a empresas como sus representantes para que los gobiernos puedan comprar el sistema a través de ellas.
Cabe destacar que el NYT también ha reportado que la Sedena sería la única dependencia de gobierno que emplea Pegasus.
Otro caso de intervención fue el de Camilo Vicente Ovalle, coordinador de la Comisión para el Acceso a la Verdad de la Guerra Sucia. Fue espiado con dicho malware de acuerdo con una investigación de The Washington Post.
Citizen Lab concluyó que el teléfono de Vicente Ovalle, u otros dispositivos cuya información estaba respaldada en el teléfono, habían sido intervenidos por Pegasus.
“Aunque no se pudo determinar las fechas de espionaje, el correo electrónico de Apple sugiere que tuvo lugar en la segunda mitad del año pasado (2022)”, señala The Washington Post.
Guacamaya y los seguimientos a grupos sociales
El 7 de marzo de 2023 conocimos un informe del Centro Militar de Inteligencia (CMI), un área secreta de la Sedena y que obtiene información sensible de interés para Secretario de la Defensa, que confirma el espionaje a Raymundo Ramos con el sistema Pegasus durante el actual sexenio.
La Sedena utilizó la información obtenida con el espionaje para influir en la investigación que la Policía Ministerial Militar realizaba sobre la ejecución extrajudicial de tres jóvenes presuntamente cometida por militares el 3 de julio de 2020 en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Este documento mostró que el Ejército buscaba criminalizar a Ramos, pues en el reporte asentó que “Ramos Vázquez mantuvo una relación de amistad con Ana Isabel Treviño Morales, ‘La señora’, hermana de Miguel Ángel Treviño Morales, ‘Z-40’, y Óscar Omar Treviño Morales, ‘Z-42’”.
También se accedió a las conversaciones con tres periodistas entre julio y agosto de 2020, y en las que hablaron sobre la ejecución extrajudicial ocurrida días antes en Nuevo Laredo.
Los documentos filtrados por Guacamaya revelaron que el usuario final del servicio de monitoreo contratado por 140 millones de pesos a Comercializadora Antsua fue el CMI.
Cabe destacar que la misma Sedena confirmó la existencia de este convenio a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), pero negó entregar los contratos por razones de seguridad nacional.
En distintas ocasiones, el Ejército ha negado entregar la información referente a sus contratos con la Comercializadora, pese a los llamados del INAI y del mismo presidente .
Los documentos obtenidos por el hackeo a la Sedena también revelaron que el ejército espió a los voceros de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa; al director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández; al abogado de los padres de los normalistas, Vidulfo Rosales Sierra; y a líderes sociales, magisteriales, políticos y de derechos humanos.
Este seguimiento se dio a través de los pelotones de información, los cuales deben recopilar y proporcionar a su superior aquella información que consideren de interés.
Igualmente, el Ejército siguió las actividades de feministas y activistas que luchan en favor de los derechos de las mujeres, e identificó la existencia de 15 colectivos feministas en la Ciudad de México.
Estos documentos confirmaron que el Ejercitó reunió datos personales de las lideresas de grupos feministas.
Entre negaciones e impunidad
Después de la revelación del espionaje a Raymundo Ramos, Ricardo Raphael y un periodista de Animal Político, la Sedena negó espiar a activistas y periodistas, por el contrario sostuvo que realiza labores de inteligencia.
La dependencia reconoció que se realizó la compra de Pegasus, pero que se utilizó entre junio de 2011 y agosto de 2013, única y exclusivamente, para mantener la seguridad y capacidad operativa del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.
Sin embargo, en su respuesta, no mencionó a la empresa Comercializadora Antsua, representante en México de NSO Group, dueña de Pegasus, y tampoco hace referencia a los casos documentados.
El presidente López Obrador reconoció la intervención telefónica al defensor de derechos humanos Raymundo Ramos, no obstante justificó que su gobierno hace “investigación” y “trabajo de inteligencia”.
Pese a ello, el mandatario no justificó cuál fue la base legal del Ejército para espiar.
El 7 de marzo, organizaciones civiles denunciaron que la Sedena obstaculiza las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre el espionaje realizado con Pegasus en el actual gobierno.
Según la solicitud de información 33002642001754, el Ejército no solicitó ante autoridades judiciales ninguna autorización para intervenir comunicaciones entre 2018 y 2022.
El 15 de marzo de 2023, el mandatario federal atacó a medios y organizaciones que documentaron el espionaje contra Ramos y dos periodistas y negó que la Sedena realice espionaje.
El 23 de marzo, la Oficina de la Presidencia envió un comunicado de prensa en el que intenta desacreditar las pruebas expuestas en las investigaciones periodísticas y explicó que el Ejército tiene base legal en la Ley de Seguridad Nacional (LSN) y de la Ley de la Guardia Nacional para realizar “labores de inteligencia”.
La Ley de Seguridad Nacional sólo faculta al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), un organismo civil, para realizar labores de inteligencia e intervenir comunicaciones con una autorización judicial, pero no a la Sedena.
Respecto al espionaje de Encinas, el mandatario minimizó este caso y volvió a negar que el Ejército esté detrás de los espionajes con Pegasus.
El 30 de mayo, los titulares de las Fuerzas Armadas evitaron responder a los cuestionamientos de los senadores sobre el uso de Pegasus.
Por el contrario, la Secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, volvió a negar el espionaje.
Días después, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo un llamado a México para investigar y sancionar el uso del software Pegasus contra defensores de derechos humanos y periodistas.