Congresistas de izquierda piden al Departamento de Estado que declaren el derecho al aborto en todo el mundo
Viernes 9 de diciembre de 2022
Setenta y un miembros en su mayoría de izquierda de la bancada demócrata en la Cámara de Representantes de EE. UU. han enviado una carta al asesor legal del Departamento de Estado sobre la situación del aborto en el derecho internacional.
La carta, firmada por Alexandra Ocasio-Cortez (demócrata de NY), Rashida Tlaib (demócrata de MI) y otros miembros radicales de la Cámara, expresa su “profunda preocupación por la decisión del Tribunal Supremo” que anuló el caso Roe v. Wade y devolvió a los estados el asunto del aborto.
Los firmantes elogian al Secretario de Estado Anthony Blinken por su “compromiso declarado de ‘ayudar’ a dar acceso a los servicios de salud reproductiva y avanzar en los derechos reproductivos en todo el mundo”.
Los congresistas creen que devolver el asunto del aborto a los estados viola las obligaciones internacionales del país en materia de derechos humanos. Afirman que varios tratados ratificados por EEUU tienen protecciones limpias para el aborto legal. En concreto, citan el Convenio Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, la Convención contra la Tortura y el Convenio Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial.
También citan tratados que el Presidente ha firmado pero que el Senado no ha ratificado, incluyendo la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Convención sobre los Derechos del Niño .
El problema para los congresistas que hacen estas afirmaciones es que ninguno de estos tratados vinculantes menciona el aborto. Solo uno de ellos, el tratado sobre los derechos de los discapacitados, apenas menciona la “salud reproductiva”.
Su argumento de que EE. UU. está obligado por derecho imperativo a tener un derecho federal al aborto se basa exclusivamente en los comentarios no vinculantes realizados por los grupos de expertos llamados “órganos de supervisión de tratados” que están relacionados con cada tratado de derechos humanos de la ONU. En las últimas décadas, los órganos de vigilancia de los tratados se han encargado de reinterpretarlos para incluir asuntos sociales controvertidos, como el derecho al aborto y la “orientación sexual e identidad de género”.
Por ejemplo, el Comité de Derechos Humanos ha determinado que el paso del “derecho a la vida” en el Convenio Internacional de Derechos Civiles y Políticos incluye el derecho al aborto. Los miembros de estos órganos de vigilancia de los tratados no tienen autoridad para reescribir los tratados de derecho imperativo que los gobiernos pasaron meses, e incluso años, negociando, y que luego ratificaron sobre la base de una votación de sus legislaturas nacionales.
Las afirmaciones extravagantes de estos organismos de tratados son una de las principales razones por las que Estados Unidos nunca ha ratificado la mayoría de ellos. Los senadores han llegado a la conclusión de que es mejor para EEUU no someterse a los caprichos de expertos que generalmente son elegidos por sus posiciones ideológicas. El Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, por ejemplo, se negó a ratificar el tratado sobre los derechos de las personas con discapacidad debido a lo que consideraron los órganos de control de los tratados, cada vez más radicales.
Cuando los gobiernos se reúnen para criticar cara a cara sus respectivos historiales de derechos humanos en la actual revisión periódica universal, queda claro que sus preocupaciones no son las de los llamados expertos en derechos humanos de los comités de supervisión de los tratados. El aborto y la orientación sexual y la identidad de género rara vez se mencionan en estos escenarios. Suele haber una enorme desvinculación entre los “expertos en derechos humanos”, en su mayoría de izquierda, y los Estados miembros que realmente negocian y ratifican los tratados vinculantes.
No está claro si el Departamento de Estado responderá, pero el gobierno de Biden es generalmente favorable a estos argumentos.