Un organismo internacional comienza a diseñar un nuevo tratado de medidas preventivas frente a las pandemias
Domingo 18 de septiembre de 2022
Los países miembros de la Organización Mundial de la Salud aprobaron un proyecto de tratado sobre medidas preventivas frente a las pandemias que podría utilizarse para promover el aborto y la ideología de género.
El plan para el nuevo tratado, presentado el mes pasado, incluye una sección sobre “poblaciones vulnerables” que desafía cualquier “barrera legal y regulatoria que pueda impedirles el acceso a los servicios de salud”. Esta es una frase diseñada por el lobby abortista mundial para referirse en términos buenistas a las leyes que restringen o regulan el acceso a los servicios de aborto.
La preparación para las pandemias es ahora un área de gran interés para los grupos abortistas y el lobby homosexual y transgénero.
Desde sus primeras etapas, la pandemia del COVID-19 fue instrumentalizada por el lobby abortista y la maquinaria de la ONU para liberalizar el acceso al aborto, lo que provocó una fuerte reprimenda de los funcionarios estadounidenses. Ahora, bajo la administración pro-abortista de Biden, el gobierno de EE.UU. se ha comprometido plenamente a financiar “servicios de salud reproductiva”. Otros gobiernos donantes también se han comprometido a incluir el aborto en las políticas de preparación para la pandemia.
El plan también incluye secciones sobre “equidad” y “no discriminación”. Aunque cada país puede entender estos términos de forma diferente, es incuestionable que en las naciones occidentales se entiende que se refieren a la promoción de la homosexualidad y la transexualidad.
Una de las primeras medidas de asistencia frente a la pandemia que puso en marcha el gobierno de Biden fue la controvertida concesión de un trato preferente a las empresas propiedad de personas que se identificaran como homosexuales o transexuales. Esta política fue ampliamente rechazada y considerada injusta y discriminatoria.
Incluso al margen de estas conocidas polémicas, el tratado sobre pandemias tiene el potencial de tener implicaciones de gran alcance para las políticas sociales y económicas no relacionadas directamente con los sistemas sanitarios. El proyecto de tratado no se limita a abordar las políticas sanitarias tradicionales asociadas a la preparación frente a pandemias. Respalda un “enfoque integral de todo el gobierno, de múltiples partes interesadas y de toda la sociedad para abordar los determinantes sociales de la salud”. Prescribe medidas legales y burocráticas a todos los niveles de gobierno para abordar los impactos de la pandemia en “el crecimiento económico, el empleo, el comercio, el transporte, la desigualdad de género, la educación, la inseguridad alimentaria, la nutrición y la cultura”.
El tratado se adoptaría de acuerdo con la normativa de la Organización Mundial de la Salud y entraría automáticamente en vigor sin necesidad de ratificación a nivel nacional, aunque este procedimiento sigue siendo discutible y su legalidad algo dudosa. No obstante, el proyecto incluye el reconocimiento del “derecho soberano [de cada Estado] a determinar y gestionar su enfoque de la salud pública, en particular la prevención, preparación y respuesta ante las pandemias de acuerdo con sus propias políticas”.
Incluye un requisito de información para los países y propone un “mecanismo global de revisión por pares para evaluar las capacidades y lagunas de preparación nacionales, regionales y mundiales”. Mecanismos similares de revisión por pares en los sistemas de derechos humanos y de desarrollo de las Naciones Unidas se manipulan habitualmente para promover el aborto, la homosexualidad y la ideología transgénero.
La decisión de seguir adelante con el tratado fue tomada por el Organismo Intergubernamental de Negociación para redactar y negociar un convenio, acuerdo u otro instrumento internacional de la OMS sobre prevención, preparación y respuesta ante las pandemias el 21 de julio. Este organismo, compuesto por los 194 países miembros de la Organización Mundial de la Salud, está dirigido por seis delegaciones: Sudáfrica, Países Bajos, Brasil, Egipto, Tailandia y Japón. Se espera que las negociaciones para concretar el proyecto comiencen en diciembre, tras un periodo de consultas a nivel mundial.
El representante tailandés del gabinete que dirige las negociaciones hasta ahora, Viroj Tangcharoensathien, señaló que le parecía que las negociaciones hasta ese momento habían sido una “luna de miel”, pero también advirtió que “el periodo de luna de miel terminará muy rápido” y anticipó que las negociaciones de diciembre serán “amargas”.