La historia de la persecución de la Iglesia Católica en Nicaragua
Domingo 14 de agosto de 2022
Dramática es la situación que vive la Iglesia Católica en Nicaragua bajo el actual gobierno del presidente Daniel Ortega. He aquí un resumen de cómo han sido las relaciones Iglesia-Estado en Nicaragua desde el año 1979 hasta nuestros días.
Un obispo bajo arresto domiciliario, sacerdotes acosados por la policía, las Misioneras de la Caridad expulsadas y numerosas restricciones al culto: esta es la situación que vive hoy la Iglesia Católica en Nicaragua bajo el actual gobierno del presidente Daniel Ortega.
¿Cómo ha llegado el país centroamericano a semejante crisis?
El 19 de julio de 1979, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), una guerrilla de izquierdas, derrocó a Anastasio Somoza Debayle, el tercer y último miembro de la llamada dinastía somocista -después de su padre, Anastasio Somoza García, y su hermano, Luis Somoza Debayle-, que había gobernado el país desde 1937.
En noviembre de 1979, la Conferencia Episcopal de Nicaragua publicó una carta pastoral titulada «Compromiso cristiano para una nueva Nicaragua» que, entre otras cosas, veía este «proceso revolucionario» como una oportunidad de conversión para el país.
Poco después de la caída de Somoza, se estableció una Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional de cinco miembros: tres del FSLN y dos independientes, entre ellos Violeta Chamorro (viuda de Pedro Chamorro, director del periódico La Prensa, asesinado por Somoza) y Alfonso Robelo. El coordinador era Daniel Ortega.
La Junta gobernó Nicaragua hasta 1985 y entregó el poder a Ortega, que había ganado las elecciones presidenciales de 1984 con el FSLN, convertido en partido político.
Sacerdotes en el gobierno y la intervención de Juan Pablo II
Con la inauguración de la Junta, tres conocidos sacerdotes que promovían la teología marxista de la liberación asumieron cargos en el gobierno sandinista: Miguel D’Escoto fue ministro de Relaciones Exteriores (1979-1990); Ernesto Cardenal fue ministro de Cultura (1979-1987); y Edgar Parrales fue viceministro subdirector general del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (1979-1980), ministro de Bienestar Social (1980-1982) y embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos (1982-1986).
Sin embargo, en 1980 la Conferencia Episcopal decidió que no podían seguir formando parte del gobierno sandinista, pidiendo a los obispos pidieron a los sacerdotes que dimitieran de sus cargos en el gobierno sandinista, pero éstos se negaron.
En febrero de 1984, Juan Pablo II suspendió ad divinis a los tres sacerdotes y al padre Fernando Cardenal, hermano de Ernesto, que también participó en el régimen de Ortega. Desde ese año hasta 1990, Fernando Cardenal fue ministro de Educación.
Un arzobispo valiente y un sacerdote emboscado
Durante el primer periodo sandinista, uno de los miembros de la Iglesia católica que destacó por sus denuncias de las violaciones de los derechos humanos fue el arzobispo de Managua, Miguel Obando y Bravo (1926-2018), a quien Juan Pablo II nombró cardenal en 1985.
El arzobispo ya era conocido por denunciar las violaciones de los derechos humanos durante la dictadura somocista y no se quedó callado ante los abusos del régimen de Ortega.
El gobierno del FSLN tomó represalias y apuntó a destacados pastores. En agosto de 1982, agentes del régimen vestidos de policías detuvieron al padre Bismarck Carballo, entrando a la fuerza donde se encontraba y fabricando un supuesto escándalo sexual con una mujer. Lo desnudaron, lo sacaron a la calle y publicaron la falsa historia en todos los medios oficiales.
En febrero de 1986, la Secretaría de Estado de Estados Unidos publicó el testimonio del ex teniente sandinista Álvaro Baldizón Avilés, un desertor que declaró que el escándalo de Carballo fue un montaje del régimen de Ortega.
El papel de la Iglesia en el acuerdo de paz
En los años 80, los enfrentamientos entre el FSLN y la resistencia o los «Contras» dejaron decenas de miles de muertos. El 7 de agosto de 1987 se firmó en Guatemala el Acuerdo de Paz de Esquipulas II para poner fin a la guerra civil en Nicaragua y lograr una «paz duradera» en Centroamérica. El documento exigía la celebración de elecciones multipartidistas libres y la creación de una Comisión de Reconciliación Nacional.
Obando y Bravo y el entonces obispo auxiliar de Managua, Bosco Vivas Robelo, participaron en esta comisión.
Ortega se presentó a las elecciones presidenciales de febrero de 1990 y fue derrotado por Violeta Chamorro. Ortega volvió a presentarse sin éxito en 1996 y 2001.
Ortega hace las paces con la Iglesia Católica
Tras perder las elecciones, en julio de 2003, Ortega -que entonces lideraba la oposición- aparentemente hizo las paces con la Iglesia Católica, y pidió perdón por los «excesos» y «errores» de su gobierno contra los católicos en los años 80.
En junio de 2004, Ortega propuso nominar a Obando y Bravo para el Premio Nobel de la Paz, «en reconocimiento a su lucha por la reconciliación nacional» y la firma de los acuerdos de paz que pusieron fin a la guerra civil.
Ese mes, Obando y Bravo aceptó la petición de Ortega de ofrecer la misa patrocinada por los sandinistas por los miles de muertos en la guerra civil.
En julio de 2004, en el marco del 25º aniversario de la revolución sandinista, Ortega pidió perdón públicamente por los abusos contra la Iglesia Católica durante su primer gobierno y se refirió explícitamente a Carballo.
Ortega vuelve al poder en 2007
Ortega ganó las elecciones de 2006 con el 38% de los votos gracias a una reforma electoral que rebajó el porcentaje para ganar la presidencia al 35% de los votos si hay un margen del 5% sobre el segundo clasificado.
En febrero de 2007, Ortega invitó a Obando y Bravo, entonces arzobispo emérito de Managua y de 81 años, a presidir el Consejo Nacional de Reconciliación y Paz creado por su nuevo gobierno. El cardenal aceptó el cargo a «título personal» y contó con el apoyo del episcopado.
Sin embargo, en septiembre de 2008, el obispo de Matagalpa, Jorge Solórzano, advirtió que, si bien las relaciones con el gobierno parecían amistosas, se anticipaban medidas contra la labor de la Iglesia, como la eliminación de los subsidios estatales a las escuelas católicas.
En noviembre de ese año, la violencia volvió a estallar en el país tras las denuncias de fraude en las elecciones municipales que dieron el 62% de las alcaldías de todo el país al FSLN. Los obispos hacen un fuerte llamado a la paz.
Ortega vuelve a atacar a la Iglesia Católica
A principios de 2009, un correo electrónico de la presidencia nicaragüense envió a los medios de comunicación un documento que calificaba a los obispos nicaragüenses de corruptos, lo que provocó una reacción formal del episcopado.
En junio, Ortega trató de silenciar las críticas que varios obispos hicieron a su gobierno llamándolos a rezar en lugar de comentar la política. Los prelados respondieron que no basta con rezar si no se trabaja por la justicia.
En abril de 2010, cuando se debatía la posibilidad de que Ortega se presentara a la reelección en 2011, los obispos llamaron al país al diálogo y denunciaron los «actos de transgresión «» a la Constitución que prohíbe expresamente la sucesión de mandatos presidenciales.
Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia, con miembros sandinistas, permitió a Ortega presentarse a las elecciones celebradas el 6 de noviembre de 2011.
En este contexto, el obispo auxiliar de Managua, Silvio José Báez, advirtió que Nicaragua se encaminaba «a un totalitarismo visible o encubierto» y solicitó la presencia de observadores internacionales.
El secretario de la Conferencia Episcopal, monseñor Sócrates René Sandigo, dijo que, con esta candidatura, el país carecía de Estado de Derecho y que había crecido la desconfianza entre la población.
Casi un mes antes de las elecciones, varios obispos denunciaron haber recibido amenazas.
El líder sandinista ganó las elecciones con más del 62% de los votos emitidos, en medio de acusaciones de fraude. El informe del Centro Carter decía que, según las evaluaciones de los observadores nacionales e internacionales, las elecciones «no fueron transparentes».
La Iglesia Católica se opone a la reelección indefinida
Tras su tercer mandato, en el que también hubo roces con los obispos, Ortega decidió presentarse a un cuarto mandato.
En enero de 2014, la mayoría sandinista en la Asamblea Nacional aprobó la enmienda constitucional para permitir la reelección indefinida de Ortega, lo que los obispos criticaron. El legislativo también otorgó a la presidencia la facultad de emitir decretos con fuerza de ley.
En junio de 2016, el episcopado pidió a Ortega que garantizara que las elecciones del 6 de noviembre fueran transparentes y con presencia de observadores nacionales y extranjeros.
Sin embargo, Ortega volvió a ganar las elecciones bajo denuncias de fraude.
Somos una Iglesia perseguida
La actual crisis en Nicaragua comenzó en abril de 2018, durante el cuarto mandato de Ortega. La reforma del sistema de salud y pensiones desencadenó numerosas protestas en todo el país, que fueron reprimidas violentamente por la policía y durante las cuales numerosos obispos y sacerdotes recibieron amenazas de muerte.
En este contexto, el arzobispo de Managua, el cardenal Leopoldo José Brenes; su auxiliar, el obispo Silvio José Báez; y el nuncio apostólico, el arzobispo Waldemar Somertag, fueron golpeados por una turba progubernamental cuando realizaban una visita pastoral a la Basílica Menor de San Sebastián en Diriamba, a 40 kilómetros de la capital.
El 13 de julio de 2018, policías y paramilitares tirotearon la parroquia de la Divina Misericordia en Managua, donde se habían refugiado jóvenes que protestaban contra el régimen.
Báez condenó en Twitter la «represión criminal» contra los civiles y pidió a la comunidad internacional que no sea indiferente.
Poco después, la Iglesia católica aceptó participar de nuevo como mediadora en las conversaciones nacionales para resolver la crisis que ya había dejado cientos de muertos, pero las negociaciones se suspendieron.
En 2019 hubo otro intento de conversaciones entre el gobierno y la oposición, pero esta vez la Conferencia Episcopal de Nicaragua declinó participar y pidió que «sean los laicos los que asuman directamente la responsabilidad» de este proceso.
Un obispo bajo arresto domiciliario
Tras ordenar la disolución de 100 ONG, la expulsión de las Misioneras de la Caridad y el cierre de varios medios de comunicación católicos, el gobierno tiene ahora en la mira al obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, uno de sus más fuertes críticos.
Desde el 4 de agosto, el prelado permanece bajo arresto domiciliario en la cancillería junto a cinco sacerdotes, dos seminaristas y tres laicos.
Ese día, Álvarez salió a la puerta de la cancillería con el Santísimo en una custodia y denunció que la policía enviada por Ortega no dejaba entrar a sus sacerdotes y colaboradores en su capilla para celebrar la misa.
Después de casi una hora de llamar al diálogo y al respeto a la Iglesia católica, el prelado volvió al interior de la cancillería y celebró la eucaristía con sus asistentes.
Sin embargo, esa misma tarde, la policía antidisturbios bloqueó el acceso a la cancillería y no dejó salir del edificio a Álvarez, que había invitado a los fieles a acudir a la catedral de Matagalpa para celebrar la hora santa y la misa.
El régimen sandinista ha amenazado con encarcelar al obispo, que sólo ha recibido muestras de solidaridad del episcopado local y de algunos países.
En el pasado, Ortega ha llamado a los obispos «terroristas» y «diablos con sotana», de igual forma a otros dictadores de ideología marxista como Hugo Chavez y Nicolás Maduro.
