El INE impugna la decisión de frenar entrega de carpetas de investigación contra Pío López; Suprema Corte admite reclamo a trámite
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite el recurso de reclamación promovido por el Instituto Nacional Electoral (INE) contra la determinación que impedía la entrega de la carpeta de investigación contra Pío López Obrador, hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Este recurso de reclamación, con el folio 93/2022-CA, fue presentado el 2 de mayo para impugnar el acuerdo del 19 de abril de 2022, dictado por la ministra Yasmín Esquivel Mossa, que concede la suspensión de la demanda a la controversia constitucional 6/2022.
En abril pasado, la ministra Esquivel Mossa determinó suspender la orden del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dada a la Fiscalía General de la República (FGR) de entregar al Instituto Nacional Electoral (INE) la carpeta de investigación que lleva a cabo contra Pío López Obrador, por los videos revelados en 2020 por Latinus.
En estos videos se observa a Pío López Obrador recibiendo sobres de dinero de manos del entonces asesor del gobierno de Chiapas, David León.
La suspensión se determinó tras la consideración de la ministra que señalaba que al entregar la carpeta de investigación que involucra al hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador y a David León Romero al INE, esto vulneraría su derecho a la protección de los datos personales.
Y se justificó que esto “causaría daños irreversibles” al ser “imposible volver las cosas al estado en que se encontraban”, de acuerdo con el documento del incidente de suspensión de la controversia constitucional.
Desde el pasado 22 de febrero, el TEPJF ordenó a la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (FEDE) entregar al INE copia de la carpeta de investigación del caso Pío López Obrador.
Los magistrados de la Sala Superior del TEPJF resolvieron así –por cinco votos a favor y dos en contra– el expediente SUP-JE-263/2021, tras considerar que la información es necesaria para que el INE lleve a cabo procesos de fiscalización de los gastos de los partidos políticos, reiterando así su resolución del pasado 22 de diciembre.
Ante esto, la FGR acudió a la Corte a presentar una controversia constitucional contra el fallo del Tribunal Electoral, que los ministros admitieron a trámite.