LA REVOCACIÓN DE MANDATO EN MÉXICO: ¿VOTAR?

Sobre la “Revocación de Mandato” en México hay mucho ruido y confusión. Versiones
a favor y versiones en contra fluyen con versatilidad en las redes sociales, algunas con
mayor o menor fundamento, y no faltan las malintencionadas o demagógicas.

Es por este hecho que se ofrece este breve comentario con “hechos” y “análisis” objetivos, con el fin de que cada uno, en conciencia, discierna lo que considera oportuno hacer en pro del bien común nacional.

Hechos

La “Revocación de Mandato” para Presidente
o Primer Mandatario de una nación no existe
en las leyes constitucionales del mundo, salvo
cuatro casos de América Latina, con gobiernos
que se han tipificado como gobiernos “Populistas”y de “Izquierda”.

Son los casos de la Venezuela
de Hugo Chávez (2004), Ecuador de Rafael
Correa (2008) y Bolivia de Evo Morales (2009)
y, recientemente, el caso de México (2019), con
Andrés Manuel López Obrador.

En México, la “Revocación de Mandato” del
Presidente de la República se estableció mediante reformas constitucionales aprobadas por la mayoría del partido MORENA en las dos cámaras del Congreso de la Unión.

El 21 de diciembre de 2019, se publicaron
en el Diario Oficial de la Federación las reformas
constitucionales para la “Revocación de Mandato”, y el 14 de septiembre de 2021 se publicó, en el mismo D.O.F., la correspondiente ley reglamentaria.

En los otros países latinoamericanos mencionados, la “Revocación de Mandato” sirvió para favorecer la reelección de los líderes mencionados en su cargo de presidente.

En México, al no existir la reelección, se intentó establecer la “Extensión de Mandato” en Baja California y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero los dos intentos por hacer legal esa “Extensión de Mandato”, fallaron por lo que ahora se buscará otra finalidad al ejercicio de Revocación.

Análisis

En México la “Revocación de Mandato” es
legalmente constituida en la Constitución
como una forma de las denominadas “Consultas Populares”.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha practicado diversas consultas de una
manera ilegal por no hacerse de acuerdo con
la Constitución y las leyes en vigor.

Este caso no es la excepción. De esta manera, después de asumir la Presidencia de la República, López Obrador y MORENA, han convocado y realizado varias “consultas populares” para tomar decisiones muy
importantes.

Lo grave del caso es que dichas consultas han sido ilegales y han perjudicado a personas, comunidades y empresas, sin exponer las verdaderas razones de esas decisiones,
supuestamente “consultadas”.

Mostramos aquí algunos ejemplos emblemáticos de consultas ilegales que han afectado importantes proyectos en curso para beneficio nacional o local que, además, han costado inmensas cantidades de dinero que pagará el pueblo de México vía impuestos.

I. La suspensión de la construcción del Nuevo
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
México, se decidió con una consulta hecha
con mesas en las calles, sin papeletas oficiales
y muchas otras anomalías.

MORENA fue el partido que la organizó, de manera ilegal por violar abiertamente la Constitución y la Ley Federal de Consulta Popular.

El Presidente aseguró que el costo de cancelación fue de 113 mil millones de pesos, pero la Auditoría Superior de la Federación reveló que fue de más de 330 mil millones de pesos por las indemnizaciones y gastos; una enorme pérdida para la nación y pagada con los impuestos.

II. Otras “consultas” se hicieron para la
suspensión de la Planta de Constellation
Brands en Mexicali, B.C. y la suspensión
del Metrobús Torreón-Ciudad Lerdo, en
el Norte del país.

Se llevaron a cabo por parte del presidente López Obrador “a mano alzada”, con un público que no tenía nada que ver con el asunto, y en un evento completamente ajeno a los casos. El costo de la cancelación de Constellation Brands fue superior a los mil millones de dólares,
y el costo de suspender el Metrobús será
para los usuarios que seguirán pagando
transporte malo y caro.

III. La Consulta para “Juzgar a Expresidentes de
la República” tuvo como fondo la ilegalidad,
puesto que, constitucionalmente la aplicación de las leyes vigentes no es objeto de “Consulta Popular”, y es inconstitucional poner a “consulta” los Derechos Humanos de ninguna persona (incluyendo a ex presidentes), como lo
establece la misma Constitución General de la
República.

Esa ilegalidad costó 528 millones
de pesos. Ahora, el próximo 10 de abril, se realizará la consulta popular de “Revocación de Mandato”, que es un instrumento constitucional para que los ciudadanos organizados como oposición política puedan remover a algún mal presidente.

Sin embargo, en esta ocasión, en un ejercicio
verdaderamente absurdo, no han sido los ciudadanos los que se han organizado para pedir la revocación, sino que los promotores son el mismo presidente y su partido MORENA.

La razón es que en esta consulta de “Revocación de Mandato” se buscaba originalmente, de manera ilegal, la extensión de mandato (Reelección simulada), tal como quedó plasmado en la pregunta de la consulta que además de revocación, incluye la ratificación, elemento no constitucional.

Ya no es útil para la extensión, pero servirá para dos asuntos políticos de gran importancia para el presidente y su partido:

• Primero, para seguir desprestigiando al
INE y promover una reforma político electoral que lo desaparezca o transforme totalmente.

El objetivo, es tener otro instituto electoral que pueda ser controlado por el gobierno, como en los viejos tiempos del PRI.

Con ello, el presidente y su partido pretenden
controlar las elecciones del 2024.

• Segundo, esa reforma política y electoral
servirá para debilitar a los partidos de oposición, disminuyendo los recursos públicos y limitando los apoyos privados.

Así pues, el 10 de abril de 2022 se llevará a
cabo la consulta popular para la “Revocación
de Mandato”, que veladamente también es de
“Ratificación” y sin importar el resultado, su
gran objetivo político es “liquidar al INE”.

Después de la consulta para “Revocación de
Mandato” el gobierno podrá promover su reforma legal para controlar las elecciones del año 2024.

Esto explica el por qué el gobierno y su partido
MORENA son los principales promotores de esta Consulta.

CONSIDERE ESTO AL MOMENTO DE DECIDIR SI PARTICIPA O NO.