Cómo las feministas mantienen el aborto en la agenda de la ONU durante el encierro del COVID-19
Dos proyectos de resolución en disputa surgieron en la ONU esta semana sobre el impacto del COVID-19 en las mujeres. Una de las principales controversias en las negociaciones es sobre las prerrogativas nacionales sobre el aborto.
Ambas resoluciones se basan en un informe de política del Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, publicado justo antes de la Pascua en “El impacto del COVID-19 en las mujeres”. El informe trata de designar una lista de políticas prioritarias para proteger a las mujeres de la pandemia, entre ellas “los servicios de salud sexual y reproductiva”.
Una resolución, patrocinada por Arabia Saudita, Argelia, China, Egipto y Zambia, reconoce las prerrogativas nacionales en materia de “salud sexual y reproductiva”. La otra, patrocinada por los europeos, minimiza las prerrogativas nacionales y da a la burocracia de la ONU un amplio mandato, incluso respaldando el informe del Secretario General de la ONU y una nota de orientación más explícita en favor del aborto de un comité de derechos humanos de la ONU que declaró que el aborto es esencial para la respuesta del COVID-19.
El informe y los dos proyectos iniciales de las resoluciones identifican específicamente a la “salud sexual y reproductiva” como “servicios de salud” esenciales que no deben ser afectados por las decisiones de política sanitaria del COVID-19. No está claro si este mismo nivel de prioridad se mantendrá después de que las resoluciones sean discutidas de forma remota por los estados miembros de la ONU.
La pandemia del COVID-19 ha cambiado drásticamente la dinámica normal de las negociaciones de la ONU, haciendo que el proceso de negociación sea menos transparente.
Los procedimientos normales del sistema de la ONU se detuvieron como resultado del pánico mundial por el nuevo coronavirus. Desde mediados de marzo, las operaciones cotidianas de la organización internacional se han reducido a lo más esencial. Los debates de derechos humanos han sido cancelados, las comisiones de la ONU aplazadas y las asambleas diplomáticas suspendidas indefinidamente. La inundación diaria de docenas de documentos de la ONU se ha reducido a un goteo, y las operaciones en la sede de la ONU están casi cerradas.
Los estados miembros de la ONU tienen que sellar las resoluciones a distancia, a través de un procedimiento silencioso. No hay negociaciones informales de resoluciones. A las delegaciones se les dan plazos para objetar las resoluciones. Si no se hace ninguna objeción, se declara aprobada. Esta puede ser la razón por la que hay dos resoluciones aparentemente contradictorias sobre el COVID-19 y las mujeres.
La expresión “salud sexual y reproductiva” se utiliza ampliamente para agrupar el aborto junto con políticas de salud materna y de planificación de la familia más ampliamente aceptadas. La administración Trump ha encabezado los esfuerzos para eliminar el término en la política de la ONU y utilizar una terminología menos ambigua.
Si bien se reconoce el impacto significativamente mayor del COVID-19 en los hombres, el informe de política del Secretario General de la ONU sostiene que “la salud de las mujeres en general se ve afectada negativamente mediante la reasignación de recursos y prioridades, incluidos los servicios de salud sexual y reproductiva”, calificándolos de “fundamentales para la salud, los derechos y el bienestar de las mujeres y las niñas”.
Desde antes de que se declarara la pandemia del COVID-19, las agencias de la ONU promovieron el aborto como un servicio esencial que no debe ser afectado en las respuestas de salud del COVID-19. Se dedicaron aún más atención y recursos a la “salud sexual y reproductiva” en el llamado del Secretario General de la ONU al sistema de la ONU para la pandemia, que también hizo del aborto parte de la respuesta de la ONU al incorporar un manual de la agencia de la ONU que se refiere al aborto como un derecho humano.
El Comité del CEDAW, un órgano de derechos humanos de la ONU que hace un seguimiento de los esfuerzos de los países por aplicar el tratado de la ONU sobre los derechos de la mujer, también publicó su propia guía sobre el COVID-19 en la que dice a los países que “deben” dar “acceso confidencial a la información y los servicios de salud sexual y reproductiva, como las formas modernas de anticoncepción, el aborto seguro y los servicios después del aborto” durante la pandemia.