La Corte Suprema de México confirma que la objeción médica de conciencia sí es constitucional
La batalla por la objeción de conciencia de médicos y sanitarios se está dando en todo el mundo Occidental, a medida que la industria abortista y eutanásica no sólo quiere que estas prácticas sean legales, sino que quieren impedir que sean criticadas o resistidas desde el mundo médico.
En este marco, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reconoció este 13 de septiembre el derecho constitucional a la objeción de conciencia de los profesionales de salud en México. Es algo que figura en la ley federal y por lo tanto se aplica a todo México.
Un grupo abortista llamado «Comisión Nacional de los Derechos Humanos» quería que la Suprema Corte declarara inconstitucionales los artículos de la Ley General de Salud que recogen la objeción de conciencia sanitaria. La Corte decidió, por mayoría, que no son inconstitucionales los tres primeros artículos impugnados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
La Ley General de Salud recoge que los profesionales de la salud solo estarán obligados a participar en prácticas como el aborto “cuando se ponga en riesgo la vida del paciente o se trate de una urgencia médica”, lo que puede usarse como un coladero para presionar o acosar a médicos provida. Sin embargo, en la práctica un buen ginecólogo provida puede explicar por razones de ciencia el procedimiento médico alternativo que usó y evitar así toda práctica abortista.
Hay más normas que el lobby abortista quiere impugnar y que la Corte tratará el lunes 20 de septiembre.
Defender la vida desde la concepción es inconstitucional en México
La protección de la objeción de conciencia sanitaria es un balón de oxígeno para los provida y los médicos de ética hipocrática.
La defensa de la vida de los seres humanos en su fase prenatal se ha visto duramente golpeada por la sentencia del 7 de septiembre de la Corte Suprema. Diez de los 11 ministros presentes en la sesión decretaron que es inconstitucional que el Estado de Coahuila penalice el aborto, y dos días después, el 9 de noviembre, los mismos juristas declaraban inconstitucional que la Constitución del Estado de Sinaloa proteja la vida humana específicamente desde el momento de la concepción. El argumento es que los estados mexicanos no pueden decir cuándo empieza la vida del ser humano, sino que debe decirlo la ley federal.
Este lunes 2.500 activistas provida, con delegados de numerosas regiones y estados, acudieron a manifestarse ante las instalaciones de la Suprema Corte en el centro de Ciudad de México, indignados con estas sentencias y sus argumentaciones.
Rodrigo Iván Cortés, presidente del Frente Nacional por la Familia (FNF), destacó que los manifestantes llegaron «desde Chiapas, Jalisco, Nuevo León, Guanajuato, Puebla, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México, Veracruz…»
Las asociaciones provida y profamilia de México tendrán que reorganizar su estrategia de defensa de «las dos vidas» ahora que desde la Corte Suprema han tumbado las leyes provida de diversos estados. En México, como en tantos otros países de Hispanoamérica y del mundo, el aborto no es algo que hayan decidido los ciudadanos con votaciones ni referendos, sino algo que implantan jueces activistas.