Aún no hay dinero para realizar la consulta para enjuiciar a los ex presidentes

Consejero del INE explica que una victoria vinculante del ‘no’ en el plebiscito del 1 de agosto les otorgaría a los ex mandatarios una amnistía muy amplia

La consulta popular del próximo 1 de agosto en México acumula hasta el momento más dudas que certezas. Los mexicanos están llamados a decidir si los últimos cinco expresidentes deben ser investigados y enjuiciados por posibles delitos que hayan cometido cuando ocupaban el cargo. Pero a cinco semanas del plebiscito, los ciudadanos parecen lejos de estar motivados a volver a las urnas tras la elección del 6 de junio y ni siquiera se ha reunido el dinero para la organización del plebiscito. Uuc-kib Espadas, consejero del Instituto Nacional Electoral (INE) —ente que la organiza—, explica en entrevista con EL PAÍS que aún no han juntado los 525 millones de pesos que necesitan. El organismo no recibió una partida oficial para este evento, por lo que buscan a contrarreloj fondos para la realización.

La pregunta en sí tampoco despierta gran interés. Después de varias disputas políticas, la redacción final de la interpelación ha dejado un texto confuso, demasiado largo y poco específico. “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”, deberán responder. Los escenarios que se abren a partir de los posibles resultados solo serán vinculantes si se alcanza una participación del 40% del electorado, unos 37,4 millones de votos. Con esa cifra, de ganar el sí, los interrogantes sobre cómo se interpretará son muchos. Pero una victoria del no otorgaría a los exmandatarios una “amnistía muy amplia”, explica Espadas.

Pregunta. ¿Hay dinero para realizar la consulta popular?

Respuesta. Estamos obteniendo dinero a base de economía de nuestro gasto, fundamentalmente a partir de la no contratación de personal que tendría que contratarse y economía en diversas áreas. Hemos dejado de renovar contratos, personas que se van y que ya no se contrata a nadie en su lugar, y aprovechamos también remanentes del proceso anterior. No tenemos ningún dinero específico para la realización de la consulta. En este momento aún no tenemos el dinero, pero todavía faltan algunas semanas y en eso estamos.

P. ¿Cómo se va a realizar? ¿Va a ser un operativo similar al del 6 de junio?

R. En la medida de lo posible va a ser una operación similar, con algunas limitaciones. La más significativa es que solamente instalaremos unas 57.000 mesas receptoras para la consulta, en lugar de las más de 162.000 que se instalaron para la elección. Poco más de la tercera parte. En cada casilla está previsto que reciban a 2.000 ciudadanos, en lugar de los 750 que la ley establece para una elección constitucional. El conjunto de asistentes electorales a los que recurriremos también será menor.

P. La pregunta que se emitirá en las boletas ha recibido críticas por ser confusa y muy amplia. ¿Cree que la gente la va a entender?

R. En lo personal me parece que la pregunta es un poco larga y general, pero el Instituto realizará en las dos semanas previas a la consulta la difusión de esta pregunta y procurará explicar su significado al conjunto de la población.

P. Pero su redacción genera más preguntas, a qué se refiere con acciones pertinentes o a qué período del pasado refiere. ¿Quién debe aclarar todos esos puntos?

R. No hay una previsión en ese sentido. Nosotros nos concretamos a consultar sobre el texto aprobado por la Suprema Corte de Justicia. Más allá de eso, no está en nuestras facultades interpretar la pregunta ni pretender sacar conclusiones sobre los efectos que su aprobación eventualmente tendría en medidas concretas.

P. La intención de la consulta es preguntar si se debe investigar y juzgar a los anteriores presidentes, pero los críticos señalan que la justicia no se consulta. ¿Es legítimo someter a consulta popular si se debe castigar algo penado por la propia ley?

R. Esa es la razón por la que la pregunta no se formula en los términos que el solicitante [el presidente Andrés Manuel López Obrador] estableció, sino que se somete a la Suprema Corte de Justicia, que editó la pregunta. En opinión de la mayoría de los ministros se trata de una pregunta pertinente. Pero no estoy en condiciones de expresar mi opinión, pues a mí lo que me toca es participar de la obligación que tengo en la realización de este proceso.

P. ¿Resulta un desafío alcanzar el 40% de participación?

R. Sí. En la última elección tuvimos un 52% de participación, considerando que ahí estaba la elección de la Cámara de Diputados, gubernaturas, alcaldías y un sinnúmero de diputaciones locales. Lograr una participación un 12% menor que la elección del 6 de junio, que tuvo el esfuerzo concurrente de todas las fuerzas políticas trabajando a su máxima capacidad, es sin duda un reto.

P. En caso de que vote el 40% del electorado o más, ¿cómo se procede?

R. El INE declara la opción ganadora y la turna a las Cámaras del Congreso y a la Corte. Aunque estaría sujeto a posibles impugnaciones ciudadanas. Pese a que no están provistas en la ley de forma específica, eso no suprime algunos recursos [de impugnación], como el juicio de protección de derechos del ciudadano.

P. ¿Puede esta consulta desechar posibles intentos de enjuiciar a los expresidentes en el futuro?

R. Bajo ciertas interpretaciones, sí. Si se alcanzara el 40% y ganara el no, esto equivaldría a un mandato de amnistía muy amplio. Como la pregunta es lo suficientemente general, en ese caso obligaría al poder legislativo a establecer los alcances jurídicos de esa decisión.