Desde San Lázaro
No pasarán la ley del Banco de México, ni la iniciativa eléctrica del presidente
Por Alejo Sánchez Cano
El presidente sufrirá dos reveses desde el Congreso, el primero ya se está cocinando en torno a congelar la iniciativa aprobada en el senado con respecto a la ley Banxico y el segundo, la iniciativa preferente sobre cambios a la Ley de la Industria Eléctrica, no pasará no solo por ser inconstitucional, sino porque atenta contra los principios fundamentales del T-MEC, al tiempo de dar un salto al pasado al promover el uso de combustibles fósiles y dejar a un lado las energías limpias, además de pretender sacar de la generación eléctrica al sector privado que ha logrado abaratar los costos del fluido eléctrico.
Mientras en el mundo la energía eléctrica cada vez le cuesta menos a su población, debido a las grandes inversiones que se han realizado en los últimos años en plantas de energías limpias, que generan energía eléctrica a menor precio, en México se prepara una reforma a la Industria Eléctrica con el “pretexto” de salvar a CFE, pero con un claro objetivo de utilizar carbón y combustóleo, para hacer negocios millonarios para unos cuantos.
En días pasados, los avances tecnológicos y las condiciones climáticas existentes, sorprendieron al mundo ya que en España, debido al libre mercado energético y la alta presencia de energías limpias, la electricidad está a punto de ser gratuita, ya que tuvo un desplome en su costo del 98.5% pasando de 94.99 a 1.42 euros el megavatio hora, lo cual demuestra la llegada de una verdadera transición energética y los beneficios directos a la población.
Vayamos por partes, la reforma a Banxico fue sacada de la agenda legislativa por Morena, después de enfrentar el rechazo del Banco de México, del sector bancario y de los expertos en torno a permitir que el Banco Central recibiera dólares en efectivo, abriendo con ello, entre otras puertas, la posibilidad de que los criminales pudieran blanquear sus capitales.
En este asunto el presidente dio marcha atrás a una recomendación de su amigo el magnate de la televisora del Ajusco y con ello logró frenar un problema que incluso hubiera tenido repercusiones internacionales.
Ahora, con la iniciativa presidencial en torno a modificar la Ley Eléctrica, ocurrirá lo mismo, no solo porque afecta la perspectiva de crecimiento de la CFE y del país de cara el uso de energías renovables, sino que, también daña la relación comercial con nuestros vecinos del norte y con el resto del orbe, todo por el escozor que causa en AMLO y Bartlett la participación de la IP en la cogeneración de electricidad.
Por si esto no fuera poco, uno de sus aliados políticos, el partido Verde pintó su raya en torno a la iniciativa preferencial al rechazarla contundentemente al manifestar que tendría efectos negativos como; una afectación al crecimiento y participación de nuevas fuentes de generación de energía limpia y renovable, otra el principio de progresividad ambiental, al facilitar la generación de energía a través de fuentes contaminantes.
Una generación más cara de la energía, cuyo costo se trasladará a la tarifa que paga la gente, o a los contribuyentes si se establecen subsidios de gobierno a las tarifas de la energía.
La incertidumbre para la inversión por la adopción de criterios técnicos discrecionales, en un país que necesita crecimiento económico, generación de empleo y de energía, y que ha adquirido compromisos en tratados internacionales.
Restricciones súbitas a los productores para el acceso a la red de transmisión y distribución para la energía que producen, perdiéndose grandes inversiones ya realizadas.
Limitaciones a instrumentos para captar financiamiento para el desarrollo de proyectos nuevos de generación de energía por parte de la iniciativa privada.
La posible inconstitucionalidad de la iniciativa por limitar la participación en la industria eléctrica.
Dicen los Verdes que la industria eléctrica nacional debe tener como objetivo final generar bienestar a la gente para que cuente con energía eléctrica regular, confiable, económica y limpia. Con esta reforma pasaríamos de una política de fomento e incentivos a la inversión y desarrollo para alcanzar este objetivo, a una política de restricción, incertidumbre, asimetría y discriminación en los participantes del sector que nos alejará más del objetivo.