YUCATÁN ENFRENTA UNA CRISIS DE EFECTIVIDAD DEL DERECHO A LA SALUD: GASPAR QUINTAL
JUEVES 15 DE OCTUBRE DE 2026
El diputado local Gaspar Quintal Parra afirmó ante el Congreso del Estado que Yucatán enfrenta una crisis de efectividad del derecho humano a la salud: el derecho está reconocido en la Constitución, pero su ejercicio depende de que las personas encuentren atención oportuna, medicamentos y continuidad en sus tratamientos.
“No estoy declarando que Yucatán viva una crisis humanitaria. Estoy alertando que existen señales suficientemente graves para actuar ahora y evitar que lleguemos a ella”, expresó al presentar un punto de acuerdo dirigido a autoridades federales y estatales de salud.
Quintal Parra señaló que la Observación General número 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU exige que los servicios de salud sean disponibles, accesibles, aceptables y de calidad.
Bajo esos parámetros, dijo, las manifestaciones del personal sanitario merecen una respuesta concreta: sus denuncias sobre insumos y condiciones de trabajo también advierten de posibles riesgos para la atención de los pacientes.
“Expreso mi solidaridad con los médicos, las enfermeras y todos los trabajadores que han levantado la voz. Escucharlos y atender sus demandas es también defender a los pacientes”, sostuvo.
El legislador recordó que, según la medición del INEGI correspondiente a 2024, 619,700 personas en Yucatán, el 26.1% de la población, presentaban carencia por acceso a los servicios de salud.
Aclaró que ese indicador no describe por sí solo la calidad de la atención, por lo que pidió publicar datos sobre recetas surtidas por completo, cirugías diferidas e interrupciones de tratamientos.
Añadió que el coordinador estatal de IMSS Bienestar, Juan Carlos Arana Reyes, reconoció públicamente que el desabasto de medicamentos seguía entre los principales retos del sistema en Yucatán.
“La respuesta debe medirse en medicamentos entregados a los pacientes, no sólo en anuncios de compras o distribución”, afirmó.
Como ejemplo de las consecuencias de una atención interrumpida, mencionó el caso de un niño maya de Holcá, Espita, cuya familia acudió al juicio de amparo después de meses sin recibir el medicamento requerido para una enfermedad neurodegenerativa rara.
Un juzgado federal concedió una suspensión de plano para exigir el suministro mientras se resuelve el fondo del asunto. “Una familia no debería tener que llegar a un juzgado para exigir la continuidad de un tratamiento indispensable”, señaló Quintal Parra.
También pidió esclarecer la transición del Hospital Materno Infantil de Mérida. Tras la aceptación por el IMSS de la donación del inmueble, dijo, las autoridades deben informar qué servicios se trasladaron, a dónde y con qué capacidad se garantiza actualmente la atención de mujeres embarazadas y recién nacidos.
El punto de acuerdo propone exhortar a las autoridades competentes a presentar un diagnóstico de carencias en los 106 municipios y un plan público con responsables, recursos, metas y fechas.
Solicita, además, una mesa de diálogo con personal sanitario y pacientes; información sobre el Hospital Materno Infantil y los recursos destinados al abasto; y la intervención de la CODHEY, dentro de sus atribuciones y con respeto a su autonomía.
“La alerta está frente a nosotros: en las cifras, en las denuncias de los trabajadores, en el desabasto reconocido y en las familias que esperan atención. Actuar ahora es impedir que esta crisis de efectividad avance hacia una posible crisis humanitaria”, concluyó.
