Eliminar el INAI, una fórmula perfecta para el abuso
La desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, sería “un grave retroceso” para los derechos humanos en el país, consideró este jueves la organización Human Rights Watch (HRW).
José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, afirmó que eliminar este organismo independiente y transferir sus funciones a entidades que responden al Poder Ejecutivo o al Congreso “es una fórmula perfecta para el secretismo y el abuso”.
“Eliminar el INAI representaría un enorme retroceso para el derecho a la privacidad en México” dijo en un comunicado.
El 7 de enero de 2021, López Obrador anunció una propuesta para eliminar varios organismos autónomos incluyendo el INAI, el órgano independiente encargado de garantizar la protección de los datos personales y el acceso a la información pública en México.
De acuerdo con Vivanco, el INAI ha permitido a los mexicanos proteger su derecho a la privacidad y a los periodistas y defensores de derechos humanos obtener la información necesaria para documentar y exponer violaciones de derechos humanos y escándalos de corrupción.
“El INAI ha sido fundamental y para que el público tenga acceso a información sobre corrupción gubernamental y violaciones de derechos humanos”, manifestó.
Recordó que el INAI tiene la facultad de exigir que los organismos públicos, incluyendo al Gobierno, y asociaciones públicas o privadas que manejen datos personales permitan que las personas consulten, cambien o eliminen datos sobre sí mismas.
Indicó que previo a la creación de este organismo el secretismo oficial “era la norma en México“.
Esto, refirió, representaba un gran obstáculo para la defensa de los derechos humanos e impedía que los ciudadanos supieran qué información tenía el Gobierno acerca de ellos o que tuvieran alguna posibilidad de opinar al respecto.
Afirmó que López Obrador ha sugerido que la función del INAI podría ser suplida por organismos de auditoría gubernamentales como la Secretaría de la Función Pública, que depende directamente del presidente, o la Auditoría Superior de la Federación, que responde al Congreso.
“Estas instituciones dependen de las mismas autoridades a las que deberían hacer rendir cuentas, lo que significa que no funcionarían como un contralor independiente del secretismo gubernamental“, señaló.
Afirmó que el gobierno de México tiene la obligación jurídica internacional de garantizar que toda persona pueda acceder a información oficial de manera oportuna y con pocas restricciones además de establecer qué datos personales son procesados, almacenados y por qué y solicitar la consulta o eliminación de los mismos.
