Sheinbaum y dictaduras como la de Correa han propuesto castigar a medios de comunicación en Latinoamérica
Viernes 7 de agosto de 2026
La figura establecida en el país sudamericano en 2013 estaba encargada de vigilar las responsabilidades legales de los medios de comunicación, pero finalmente fue impugnada en 2019 bajo el argumento de que ejercía restricciones desproporcionadas
La propuesta de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de establecer mecanismos que permitan ejercer sanciones en contra de los medios de comunicación ya se había visto en otros países de América Latina, como en las dictaduras de Ecuador, Nicaragua y Venezuela.
La defensoría de las audiencias propuesta por Sheinbaum y que se encuentra a consulta pública desde el pasado 27 de julio y hasta el 21 de agosto, comparte algunos rasgos con los lineamientos que se establecieron en la Ley Orgánica de Comunicación de Ecuador en 2013.
Al igual que lo establecido en la legislación ecuatoriana de la administración de Rafael Correa hace 13 años, los lineamientos enunciados durante la conferencia matutina del pasado 28 de julio coinciden en puntos clave como la publicación de códigos de ética y el establecimiento de un defensor de las audiencias.
Sobre dicho código, la mandataria afirmó que no publicarlo sería motivo de sanciones económicas para el medio en falta.
El artículo 16 de la Ley Orgánica de Comunicación de Ecuador establece que “Los medios de comunicación social difundirán sus políticas editoriales e informativas y su código deontológico en portales web o en un instrumento a disposición del público”, de la manera semejante a como lo mencionó la mandataria durante su conferencia.
Así mismo, la propuesta de la mandataria mexicana anuncia la aparición de una persona defensora de las audiencias, quien se encargaría de buscar que cada medio se “autorregule” en sus contenidos.
Esta figura integraría un mecanismo capaz de establecer sanciones económicas a los medios que se considere que no cumplieron con el resarcimiento de los daños ejercidos a las audiencias.
“Contempla mecanismos de protección a través de quejas: Se presenta la queja, la defensoría la recibe y pide un informe, si se vulneraron los derechos emite recomendaciones al medio, que en caso de no ser atendidas o de que la audiencia considere que no se restituyeron sus derechos, la Comisión Reguladora intervendrá y se impondrán, conforme lo determina la ley, sanciones y multas económicas”, se lee en el sitio web del gobierno de México alusivo a esta consulta.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos expresó en 2013 su preocupación por el establecimiento de los mecanismos contenidos en esta Ley Orgánica de Ecuador, ya que consideraba que podrían restringir de manera severa el ejercicio de la libertad de expresión «al regular dichos principios la ley establece gravosas restricciones que hacen que los principios mencionados resulten prácticamente ineficaces».
Tres años después, relatores de la ONU y la CIDH advirtieron que la aplicación de constantes amonestaciones contra medios de comunicación apuntaba a que convertía a dicha ley en un instrumento para intervenir en los contenidos de los medios de comunicación.
La figura del defensor fue derogada en 2019, tras una serie de impugnaciones que comenzaron a presentarse apenas unos días después de publicarse esta Ley Orgánica, bajo el argumento de que no había pasado por un proceso parlamentario adecuado y que establecía restricciones desproporcionadas.
En América Latina hay otros países cuyos gobiernos también desarrollan mecanismos para limitar o restringir la libertad de expresión.
Destacan Venezuela y Nicaragua. Organismos internacionales como la CIDH y Human Rights Watch han documentado acciones de hostigamiento y represión en contra de los medios de comunicación con el objetivo de restringir la libre circulación de la información que es crítica a sus administraciones.
Esto incluye descalificaciones públicas, clausuras y ataques a la integridad de los comunicadores.