Alemania ataca a X por negarse a facilitar datos de usuarios
Viernes 12 de septiembre de 2025
El gobierno alemán está persiguiendo penalmente a empleados de plataformas de redes sociales por no ayudar al estado a identificar usuarios anónimos que publican contenido controvertido o políticamente sensible.
Las autoridades alemanas han abierto una investigación penal contra tres directivos de X, acusándolos de «obstrucción a la justicia» por negarse a facilitar directamente datos de usuarios en casos relacionados con la incitación al odio en línea.
Dos de los empleados son estadounidenses, y uno de ellos es, según se informa, Diego de Lima Gualda, ex director de operaciones de X en Brasil, quien anteriormente se enfrentó a demandas legales en su país de origen antes de dimitir en abril de 2024.
El supuesto problema para Alemania radica en la política de X de remitir las solicitudes alemanas de datos de usuarios a las autoridades estadounidenses, siguiendo los procedimientos establecidos en un Tratado de Asistencia Legal Mutua (TAM) bilateral.
Este tratado establece el marco legal para el intercambio transfronterizo de datos, exigiendo que las solicitudes de la fiscalía alemana se revisen y procesen a través de los canales legales estadounidenses antes de que X se vea obligada a entregar la información de los usuarios.
A pesar de este proceso con fundamento legal, la fiscalía de Gotinga ha decidido tratar la política como una injerencia criminal, lo que parece ser la primera vez en la historia legal alemana que se investiga a ejecutivos de redes sociales por su respuesta a solicitudes legales internacionales.
Según se informa, la fiscalía alemana se ha mostrado frustrada por la renuencia de X a concederles acceso directo a los datos de las cuentas, especialmente en casos relacionados con publicaciones que incluyen símbolos prohibidos como esvásticas o comentarios que, según las autoridades, pueden constituir difamación.
La imposibilidad de obtener datos ha provocado el estancamiento de investigaciones y el sobreseimiento de casos, incluyendo uno en el que no se pudo rastrear a su autor por una publicación que contenía una esvástica.
Aunque X restringió esa publicación dentro de Alemania, la empresa se negó a revelar información de identificación.
La resistencia de X ha provocado la ira de la clase política alemana, partidaria de la censura.
La diputada del Partido Verde, Anna Lührmann, calificó el enfrentamiento de «escándalo» y exigió que las instituciones gubernamentales abandonaran la plataforma por completo.
«Esto atenta contra la competencia leal y pone en riesgo nuestra democracia», afirmó, acusando a Musk de manipular el discurso mediante algoritmos y socavar la equidad política.
También instó al canciller Friedrich Merz a que suspendiera su presencia oficial en X y se cambiara a alternativas como Mastodon o Bluesky.
La fiscalía de Gotinga, encargada de la aplicación de la normativa digital contra el discurso de odio en Baja Sajonia, fue destacada recientemente en un segmento de 60 Minutes emitido en Estados Unidos en febrero.
El episodio siguió a las autoridades alemanas mientras realizaban redadas armadas contra ciudadanos por publicaciones en línea, lo que generó una reacción violenta en Estados Unidos, donde dicha criminalización de la libertad de expresión a menudo se considera incompatible con las libertades civiles fundamentales.
El vicepresidente estadounidense, J. D. Vance, fue uno de los que condenaron la estrategia alemana, calificándola de amenaza para los valores transatlánticos y la libertad de expresión.
Mientras tanto, X está contraatacando en los tribunales alemanes. Según un informe de t-online, la compañía ha contratado al bufete internacional White & Case para impugnar las demandas legales de múltiples fiscales alemanes.
Caso tras caso, X ha argumentado que las demandas alemanas de datos de usuarios no pueden invalidar los tratados internacionales ni las protecciones de la privacidad de Estados Unidos.
En algunos tribunales de distrito alemanes, estas impugnaciones han sido rechazadas.
Los jueces han dictaminado que la Ley de Protección de Datos de Servicios Digitales de Telecomunicaciones (TDDDG) de Alemania otorga a los fiscales la autoridad para exigir datos y que las redes sociales deben cumplirla incluso si consideran que la ley es inválida o ilegal.
El fiscal general Benjamin Krause confirmó que X había presentado numerosas mociones para bloquear las solicitudes, todas ellas basadas en interpretaciones controvertidas del derecho procesal.
La estrategia legal de X también incluye una impugnación constitucional más amplia.
En febrero de 2024, la empresa presentó una demanda ante el tribunal administrativo de Wiesbaden, solicitando que se examinara si el artículo 22 de la TDDDG cumple con las garantías constitucionales alemanas y con el derecho de la Unión Europea.
La decisión sobre este caso podría eventualmente remitirse al Tribunal Constitucional Federal de Alemania o al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
El gobierno alemán está tomando medidas para sancionar penalmente a los empleados de la plataforma por no ayudar al estado a identificar a los usuarios anónimos que publican contenido controvertido o políticamente sensible. Esto, por supuesto, es una medida peligrosa con implicaciones globales.