Morena insiste en eliminar a los órganos autónomos; ya hay dictamen
Martes 30 de julio de 2024
Aunque aún no se sabe si tendrán mayoría calificada, Morena insiste en eliminar a los órganos autónomos, incluso ya hay un dictamen al respecto
En el Congreso de la Unión, Morena insiste en eliminar a los órganos autónomos, incluso ya hay un dictamen al respecto.
La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados ya tiene el dictamen con el que Morena propone la eliminación de ocho órganos autónomos como el el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), entre otros.
El dictamen en materia administrativa se discutirá a mediados de agosto y plantea avalar la propuesta del Ejecutivo bajo el siguiente considerando de los integrantes de la mayoría oficialista de Comisión de Puntos Constitucionales.
Dicho proyecto sostiene que busca racionalizar los recursos públicos, promover la austeridad y la no duplicidad de funciones.
“La reforma constitucional que garantiza la continuidad de las funciones administrativas y prestación de los servicios públicos que realizan los organismos constitucionales autónomos que se extinguen o fusionan, al tratarse únicamente de la reasignación de atribuciones y funciones a las dependencias básicas del gobierno federal”, expone el texto.
“En México los órganos constitucionales autónomos carecen de legitimidad democrática, pues fueron creados como respuesta a la venta de paraestatales y a las recomendaciones de los organismos internacionales para ‘descentralizar’ a la Administración Pública Federal (APF) mexicana”, añade.
Expone que la creación de esos organismos ha implicado una desconcentración administrativa, al transferir algunas funciones administrativas o técnicas a niveles más bajos de administración, pero manteniendo el poder de decisión a nivel central.
Además, establece que las economías y ahorros que se generen con la extinción de los entes públicos se destinarán al Fondo de Pensiones para el Bienestar que se cree en términos de la legislación aplicable, así como que no transgrede a las obligaciones establecidas en el T-MEC.