Aumenta presión en tribunales para reactivar al INAI
Jueves 11 de mayo de 2023
El Instituto para la Transparencia lleva más de un mes disminuido por el bloqueo de Morena a la renovación de tres comisionados. Las acciones legales avanzan tanto en la Suprema Corte como en los tribunales federales
El cerco judicial para que el Senado nombre a los comisionados del Instituto Nacional para la Transparencia se hace cada vez más estrecho.
Por un lado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió un reclamo del organismo autónomo (encargado de la transparencia y de la protección de datos personales) contra la primera negativa de una de las ministras de la Corte para concederle al instituto sesionar con solo cuatro integrantes de su pleno, ante la falta de los nombramientos de tres comisionados que están atorados en el Senado de la República.
Y, por otro lado, también este 9 de mayo, un tribunal federal ha ordenado a los senadores nombrar de inmediato a uno de los comisionados faltantes.
Luego de admitir la reclamación por parte del INAI, la Corte turnó el recurso a la ponencia del ministro Javier Laynez Potisek para que sea la encargada de llevar a cabo un proyecto que resuelva si es correcto o no negarle al instituto -que lleva más de un mes sin poder operar a su máxima capacidad- sesionar con solo cuatro de los comisionados, cuando por ley se necesitan al menos cinco integrantes para alcanzar el quórum.
El ministro Laynez Potisek ha sido criticado y avalado en los últimos tiempos por estar en contra de varias de las iniciativas y acciones del Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y de votar a favor para echarlas abajo.
Fue él, por ejemplo, quien admitió la demanda presentada por el Instituto Nacional Electoral (INE) contra el “plan b” de la reforma electoral del mandatario y suspendió temporalmente su aplicación, lo que le valió tanto críticas como respaldo.
La admisión del recurso ocurre después de que el pasado 24 de abril, la también ministra de la Corte, Loretta Ortiz, negó al INAI un recurso promovido para poder llevar a cabo sus sesiones plenarias y poder resolver quejas contra la falta de transparencia o por violaciones a la protección de datos personales.
El organismo autónomo está prácticamente acéfalo debido a que los legisladores de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el partido oficialista, y partidos aliados a éste, como el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT), se negaran a hacer los nombramientos de tres comisionados el pasado 28 de abril, durante la última sesión de la Cámara de Senadores antes de tomar un receso legislativo por cuatro meses.
Además, la administración del presidente López Obrador ha sido dura con el INAI. Desde un inicio, el mandatario ha acusado al organismo de ser caro y de no ayudar a que se acabe la corrupción en México.
De los tres comisionados faltantes, dos dejaron sus cargos, al terminar sus plazos en el pleno del INAI, desde marzo de 2022 y el tercero acabó su periodo en marzo de este año.
Éste último nombramiento, para designar al reemplazo del ex comisionado Francisco Javier Acuña, es el que ha ordenado hacer el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa horas después de que la Corte admitiera el reclamo del INAI.
A diferencia de las acciones legales emprendidas en la Corte, el amparo confirmado por este tribunal ha sido promovido por los integrantes del Consejo Consultivo del INAI, un órgano honorífico conformado por ciudadanos y especialistas, creado para vigilar el correcto funcionamiento del instituto.
Durante la sesión del tribunal el magistrado Fernando Silva García aseveró que “ningún poder tiene facultades para inhabilitar, directa o indirectamente el funcionamiento de un órgano constitucional autónomo”.
A estas acciones se le suma otra que se prevé se resuelva este jueves 11 de mayo. De acuerdo con el diario Reforma, una jueza federal determinará si el Senado ha desobedecido una orden judicial del pasado 3 de marzo, que dio a la Cámara alta 48 horas para nombrar al menos a un comisionado del INAI, de los dos que están vacantes desde marzo de 2022.
Es decir, la jueza indicará si ha habido desacato o no por parte de los legisladores, delito que se castiga con tres a nueve años de cárcel tras ser investigados los casos por la Fiscalía General de la República (FGR).
Celia Quintero Rico, jueza Décimo Séptima de Distrito en Materia Administrativa, recibió este 8 de mayo un informe del Senado sobre el incumplimiento de la orden e informó que decidirá sobre el caso.
De resolverse alguna de estas acciones antes de septiembre, la Comisión Permanente, que se encuentra actualmente sesionando debido al periodo de receso legislativo, tendría que llamar a un periodo extraordinario de sesiones al Senado para que los legisladores realicen el nombramiento del o los comisionados del INAI.