Aprueban por unanimidad reforma del PRI para elevar castigos por violencia familiar y feminicidio, cuando la víctima esté embarazada

Con la exigencia de no permanecer inertes ante la alarmante cifra de mujeres agredidas en Yucatán, el Congreso del Estado aprobó por unanimidad la reforma presentada por la Fracción Legislativa del PRI para elevar las sanciones a quienes ejerzan violencia familiar y cometan feminicidio cuando la víctima esté embarazada.

Desde la Tribuna del Pleno, la representación priísta replicó la frase que las mujeres han externado ante el clima de violencia feminicida que impera en el país: «No quiero sentirme valiente cuando salga a la calle, quiero sentirme libre».

Recordaron que la violencia contra la mujer inicia casi siempre desde el noviazgo y continúa hasta el matrimonio, e incluso después de terminada la relación. Este fenómeno, somete a la mujer a abusos físicos, patrimoniales, emocionales, psicológicos y sexuales, situación que se agudiza cuando se encuentra embarazada.

Por tal razón, señaló que es obligación de los diputados generar medidas normativas que no solo disuadan la comisión de delitos contra las mujeres, sino que, además, las consecuencias de cometerlos tengan una sanción ejemplar.

En ese sentido, la iniciativa del PRI propone aumentar la pena para el delito de violencia familiar, pasando de una mínima de 2 a 3 años y de una máxima de 7 a 8 años.

De igual manera, se incluye como agravante que si este delito se comete cuando la mujer curse un embarazo o hasta los 6 meses posteriores al parto, la pena se pueda incrementar hasta en dos terceras partes más de la pena máxima.

“El objetivo es claro, que aquél que atente contra la vida e integridad de nosotras las mujeres lo pague con más años de cárcel. Esto, atendiendo a que tristemente los delitos más graves como el feminicidio, muchas veces, tienen como punto de partida indicios de violencia familiar”, sostuvo.

En ese sentido, apuntó que la reforma también plantea que en el delito de feminicidio se considere la condición del embarazo de la víctima, y de esta manera pueda acreditarse por las autoridades como una agresión por razones de género.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), las mujeres embarazadas tienen un elevado riesgo de ser víctimas de feminicidio por parte de sus parejas. Además, el 50% de éstas fueron agredidas por primera vez precisamente durante su embarazo.

El dictamen aprobado de igual forma contempla que cuando la víctima sobreviva, pero no así su bebé, o éste resulte con afectaciones derivado de un parto prematuro consecuencia de la agresión, se imponga al imputado la sanción por tentativa de feminicidio. Con esto, el agresor podrá ser castigado hasta con 30 años de prisión.

“Es necesario reencauzar la política criminal para sancionar de manera contundente a los agresores, ya que una mujer embarazada requiere mayores cuidados y se encuentra vulnerable, tanto física como emocionalmente. Por tal motivo, con esta reforma estaremos expresando de manera enérgica e institucional que tenemos cero tolerancia hacia cualquier tipo de violencia a la mujer”, enfatizaron.

Cabe mencionar que el dictamen aprobado este día, en el marco de Celebración del Día de la Madre, fue suscrito por otras 13 diputadas y diputados que se adhirieron a la propuesta de la Fracción del PRI desde que se presentó hace unos meses.

Requerimos consolidar la transformación de la cultura de la no violencia en contra de la mujer, y que ésta, sólo es posible si miramos con perspectiva de género historias de mujeres cansadas, unas que gritan y otras que lloran por haber sido violentadas, pero sobre todo que exigen justicia.