Por José Pérez Stuart

La práctica generalizada del aborto en todo México quedó abierta este lunes con carácter legal, al amparo de las reglas de la democracia liberal que dejan como inapelables, las decisiones del máximo tribunal del país: la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La vida de millones de seres humanos en gestación  o por ser concebidos –inocentes e indefensos todos ellos dentro del vientre materno,– de antemano había quedado en manos de una “jugada”, de un “volado”, que los defensores de la “División de Poderes” y “la autonomía” del Poder Judicial, conocían perfectamente: si ocho de los 11 ministros del pleno de la Suprema de Corte de México votaban en favor del proyecto elaborado previamente por uno de ellos (el Ministro Luis María Aguilar), entonces quedaría sentado el precedente, la premisa jurídica, de que a partir de  ella…ahora todos los jueces del país tendrían que resolver en el mismo sentido, en consonancia con el máximo tribunal nacional, es decir, en favor del aborto.

Todos lo sabíamos.

Bajo las reglas de la Democracia Liberal y su procedimentalismo jurídico, la vida (entre otras muchas cosas), no se defiende en razón de los principios y valores supremos, sino del número de votos. De los “consensos”.

La verdad, el bien, la vida, la familia, y ahora hasta el sexo biológico, natural, resulta que han dejado de tener condición de permanencia, de estabilidad. Y por lo mismo han dejado de garantizar certezas, fortaleza  y solidez íntima a las personas, ya que se les ha puesto fecha de caducidad: el voluntarismo de los diputados, de los senadores o de los ministros de la Suprema Corte. 

Es decir, Principios y valores serán respetados o conculcados, defendidos o aniquilados, de conformidad con el ánimo de los jueces o legisladores. Porque de acuerdo a la democracia liberal, de ellos emanan las leyes, y no de la naturaleza de las cosas.

Cuánto valor tienen, en correspondencia con todo lo anterior, las palabras de don  Jesús José  Herrera Quiñones, obispo de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, del único obispo mexicano que 24 horas antes de lo sucedido este lunes 6 de septiembre, expuso con virilidad:

“Recordemos que la dignidad humana y los derechos fundamentales, no son una cuestión de votación, sino de reconocimiento y respeto.”

Y abundó:

“El ser humano, hijo de un padre y una madre, cuya vida inicia en el momento de la concepción, debe ser reconocido en su dignidad en todas las etapas de su vida, y merece la misma protección de la ley ante acciones que pudieran atentar contra su integridad.”

Fue el único. Ningún otro signó personalmente la llamada de atención.

Suscribió una declaración, en su calidad de “Responsable de Dimensión Episcopal de Vida” del Episcopado mexicano, y advirtió

con parresìa y oportunidad, la gravedad de lo que estaba a punto de sobrevenir en México.

LO QUE SUCEDIÓ.

La Suprema Corte de Justicia de México había agendado para el lunes 6 de septiembre de 2021, entre otras cosas, la discusión sobre la propuesta de declarar inconstitucional la criminalización del aborto en Coahuila, establecida aún para casos de violación.

El asunto era de suma trascendencia para los mexicanos, en virtud de que el aborto, formalmente solo está despenalizado en cuatro de las 32 entidades del país: Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo y Veracruz.

Sin embargo, durante el gobierno priista de Enrique Peña Nieto, la entonces llamada Procuradurìa General de la República (hoy Fiscalìa General de la República), impugnó el Código Penal del estado de Coahuila en 2017, a efecto de declarar inconstitucional la criminalización tanto de las mujeres que abortan, como  la del personal sanitario que las asiste con consentimiento. Es decir, se trata de un asunto que  la Suprema Corte de Justicia de la Nación “arrastraba” desde el sexenio pasado y que fue promovido por un gobierno cuyo Partido, el PRI, ha formado parte de una Coalición al lado del PAN y del PRD: “Va por México”.

En apariencia, la discusión de este lunes de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia solo tendría un impacto de carácter estatal (Coahuila). Sin embargo, bajo el procedimentalismo jurídico mexicano, esto es, de conformidad con el llamado Estado de Derecho, la determinación del máximo Tribunal nacional no únicamente validaría o invalidaría lo establecido en el Código penal de Coahuila, sino que si mayoritariamente (8 sufragios) el voto de los Ministros resultara en un mismo sentido…entonces, en automático, por decirlo así, quedaría establecido el precedente  “la línea” para todos los jueces del país, quienes tendrían que hacer lo mismo, de ahora en adelante: no penalizar el aborto.

Y lo que tanto se temìa, resultó. En efecto, el dictamen previo favorable a la despenalización, realizado por el ministro Luis Marìa Aguilar Morales, consiguió la aprobaciòn de 8 de los ministros de la Suprema Corte, y con ello, la despenalización del aborto queda extendida a todo el territorio mexicano.

Ciertamente, el tema no quedó agotado en la Suprema Corte de Justicia, dado que los trabajos del màximo Tribunal del país continuarán este martes 7 de septiembre. Pero con el pronunciamiento realizado el lunes por los 8 ministros, todo está consumado. La sesión del martes 7 será un mero formalismo, “de trámite”, como se dice en los tribunales. En otras palabras, con la decisión adoptada por 8 ministros, se declara formalmente inconstitucional el artículo 196 del Código Penal de Coahuila, que establece penas de hasta tres años de cárcel a las mujeres que se practican abortos de manera voluntaria.

Así, con la aprobación mayoritaria de la ponencia presentada por Aguilar Morales, el criterio que establece la inconstitucionalidad de la criminalización del aborto será obligatorio únicamente para todos los jueces que conozcan de casos en los que se intente penalizar a una mujer que ha abortado a su hijo.

La “argumentación” de Aguilar Morales es absolutamente sexista. Carece de consistencia jurídica seria, dado que se asienta en un criterio dialéctico, en el que, en consonancia con el llamado Análisis Marxista de la Realidad, todo se mira bajo la óptica de la confrontación, de la lucha; en este caso entre ser mujer o procrear; entre ser mujer o ser dependiente; entre ser mujer o aceptar la maternidad; entre  ser mujer “racional, individual y autónoma” o ser mamá.

Pero por si lo anterior no bastara, llega el “argumento” más inconsistente que se haya esgrimido en el afán de tratar de justificar el aborto. Escribió el Ministro en su propuesta presentada a sus colegas:

“No tiene cabida dentro de la doctrina jurisprudencial de este Tribunal Constitucional, un escenario en el cual la mujer no pueda plantearse el dilema de continuar o interrumpir su embarazo por un corto periodo de tiempo al inicio de la gestación…”

¿Qué es eso, qué entiende el Ministro por “interrumpir su embarazo por un corto periodo de tiempo”? 

Se está embarazada o no se está embarazada. Se aborta o no se aborta. ¡Pero no existen puntos intermedios!

¿Cómo es posible que un Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación confunda la vida de un ser humano con un “switch” o el accionar y desaccionar de una computadora a la que se le puede poner “en pausa” o apretar el botón de “reinicio” sin que haya consecuencias? ¡Por favor…!  Un ser humano en el vientre materno no es un juguete, no es un instrumento mecánico, electrónico o de cuerda que pueda estarse conectando o desconectando a nuestro antojo.

Pero si de suyo tal corpus argumentativo es deplorable…¿qué decir de los otros ministros que lo apoyan, que aprueban sus inconsistencias? 

Así lo que expuso textualmente el ministro:

“No tiene cabida dentro de la doctrina jurisprudencial de este Tribunal Constitucional, un escenario en el cual la mujer no pueda plantearse el dilema de continuar o interrumpir su embarazo por un corto periodo de tiempo al inicio de la gestación, pues ello equivaldría a asumir que su dignidad y autonomía personal pueden modularse y restringirse en función de supuestos basados en un constructo social que, antes que mujeres independientes, las configura como instrumentos de procreación”, señala el proyecto avalado por la Corte.

“No tiene cabida, para anular el derecho a decidir, una postura de corte paternalista que apoye la idea de que las mujeres necesitan ser  ‘protegidas’ de tomar ciertas decisiones sobre su plan de vida, salud sexual y reproductiva, pues ese acercamiento conlleva una desconsideración de la mujer como un ser racional, individual y autónomo, plenamente consciente de las decisiones que –conforme a su proyecto de vida– son las que considera más convenientes”, señala.

Las barbaridades del ministro…respaldadas, hechas suyas, por la mayorìa de sus pares. ¿Qué puede esperar México con un cuerpo colegiado así?

El “Estado de Derecho” emanado de algunos ministros de la Suprema Corte de Justicia, pues, ha mostrado limitaciones.

En fin, si lo anterior es así, ya sale sobrando en México el trabajo legislativo.

Esto es, sin necesidad de debate parlamentario alguno, ni de votación en las Cámaras de diputados de todo el país, el aborto ha quedado despenalizado. La legalización del aborto ha llegado por la puerta de atrás.

En razón del criterio asumido por el máximo Tribunal del paìs, en cualquier entidad de la República habrá de aplicar el mismo criterio. Plegarse a él. Ningún juez podrá obrar en sentido inverso. Ningùn juez en México podrá ya defender la vida, ni sancionar la agresión al ser humano dentro del viente, con toda premeditación alevosía y ventaja.

Los ministros que apoyaron la propuesta, además del ponente Aguilar Morales, fueron:

• Yasmín Esquivel Mossa,
• Arturo Zaldívar,
• Juan Luis González Alcántara Carrancá,
• Javier Laynez Potisek,
• Alberto Pérez Dayán,
• Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y
• Norma Lucía Piña Hernández.