Falta de honestidad y valores del gobierno municipal saliente de Peto, dicen sus habitantes

Peto, Yucatán, México a 31 de agosto de 2021 (Bernardo Caamal Itzá)  

A unas horas que concluya la actual administración municipal 2018-2021, ciudadanos del municipio de Peto, Yucatán, reportan que los trabajadores leales al gobierno de Edgar Calderón Sosa, que no fueron despedidos por ser traidores, después de las elecciones del mes de julio pasado, ahora prácticamente están desmantelando el alumbrado público de los centros deportivos de esta localidad.

La comunidad petuleña, está videograbando lo que sucedió anoche, por ejemplo, donde el propio alcalde, su tesorera y otros funcionarios, estuvieron sacando sus pertenencias, en medio de la penumbra, señalaron.

Los pobladores nos relataron: “Desde muy temprano apagaron las luces del palacio municipal. De hecho, se corrió el rumor que cortaron la corriente por un adeudo millonario, pero poco antes de la medianoche, llegó la autoridad municipal, su tesorera y otros trabajadores, a quienes vieron actuar cobijados por la penumbra de la noche.

Lo anterior, hizo que alguien entre los ciudadanos, diera el pitazo, y a las autoridades que estaban en el palacio municipal, no les quedó más remedio que salir a prender las luces, por lo que su actuación tuvo que ser ante los ojos de la comunidad.

Así que, en esas horas de la madrugada, fueron observados sacando mochilas llenas; luego pudo verse, la forma en que llegó desesperada la tesorera, que salió con una pila de carpetas, mientras que el alcalde en turno, en compañía de su esposa, se reían de la gente, mientras que su vástago, intentaba intimidar a los presentes. Así paso la noche, destacan en sus reportes, los ciudadanos que enviaron fotos y escritos sobre este incidente.

De hecho, los integrantes de la administración que está a punto de concluir, desde que se enteraron de su derrota electoral, los primeros que sufrieron la venganza de esta administración, fueron los trabajadores no leales, porque votaron por otro partido, lo que significó, la pérdida inmediata del empleo, y esa fue la última quincena que cobraron, desde luego, sin el finiquito y la asesoría legal necesarios.

En cuanto al tema de los servicios públicos, como es el caso de las calles de la población, varias de ellas, desde hace más de dos años fueron raspadas con la idea de que en las próximas semanas sean rehabilitadas. Lo cierto es que, pasaron largos meses, y lo peor fueron las lluvias, y a medida que se acerca la fecha para la entrega del poder, como desde hace un mes, se incrementó el raspado de las calles y solo a algunas, en un dos por tres, se les puso capa asfáltica. Además, gran parte de estas calles, que “fueron atendidas” están relacionadas con predios de los familiares de la autoridad local.

Desde que terminó el periodo electoral, la comuna disminuyó el número de trabajadores de limpieza y de otras áreas públicas, lo mismo sucedió con los uniformados; si las casetas en un inicio estaban super resguardadas, ahora todas lucen vacías, solo a los lados de estos edificios, es posible observar un cartel que hace referencia a las principales actividades de la actual administración.

De la misma forma, en fechas recientes, la administración, resaltó que los mototaxis, triciclos y otros vehículos decomisados, serán entregados a sus respectivos dueños, siempre y cuando muestren los documentos que hagan referencia a su propiedad. Publicaciones de la comunidad, muestran a través de videos, el estado en que se encuentran dichos vehículos, muchos sin llantas y otros accesorios y seguramente los que tienen motor, ya tienen graves problemas para su funcionamiento debido a estar con más de dos años de inactividad.  

Los jóvenes estudiantes del Cobay, a pesar del hostigamiento que sufrieron de parte de las autoridades educativas -dirigidas por la ex candidata del PAN-, para que no protestaran por el caso injusto del transporte escolar que tenían más de 25 años a su servicio; al final, al que opera esa unidad de transporte, se le hizo firmar un documento a modo y de esa forma, aceptar esas decisiones tomadas desde el escritorio.  

Así concluye una administración municipal, que solo se caracterizó por imponer su ley y que, desde el inicio de este gobierno, cerró locales de sus adversarios; mantuvo una cacería de brujas para sus críticos y hostigó de forma permanente a los ciudadanos que no se cuadraron a su gobierno.

Pero lo peor, fue para los mototaxistas que no se alinearon, ya que estos fueron sacados de esas cooperativas, bajo varios pretextos, aunque estos casos no quedaron callados, sino que fueron denunciados ante la opinión pública, indicando como funcionan estas organizaciones, en contubernio con la clase política local, lo cual fue documentado ante autoridades federales, incluso ante derechos humanos, para que al final, el alcalde negó el hecho y de ahí el carpetazo.  

La Comisión de los Derechos Humanos de Yucatán, documentó varios casos de violencia institucional ejercida por la autoridad municipal, pero de ahí no pasó. De esto resaltan voces críticas que dicha institución que en teoría vela por los derechos humanos en Yucatán, solo es un florero más en la vida pública.  

Curiosamente tras todos estos atropellos a los derechos humanos de la comunidad petuleña, no hubo pronunciamiento alguno de parte de los regidores que acompañaron a la presente administración que está a punto de concluir. Es más, a pesar de que señalan que representan a la sociedad y que abanderan a sus respectivos partidos, en la realidad fueron ciegos, mudos y sordos, ante las graves irregularidades denunciadas ante la opinión pública.  

Ahora, la tarea corresponde no solo a la sociedad que ha sido fuertemente agraviada por “un estilo de gobierno” donde imperó la violencia institucional entre otros casos graves registrados; sino que le toca al nuevo gobierno municipal, realizar las auditorias pertinentes y trabajar realmente para el desarrollo integral de un pueblo que en los últimos años, solo ha privilegiado la violencia, el alcohol y las drogas.