Legalizan el aborto en Argentina por orden del clan Rockefeller

En la madrugada del miércoles 30 de diciembre el Senado nacional aprobó el proyecto de legalización del aborto en Argentina, mediante un verdadero mamarracho jurídico basado en un derecho inexistente, por tanto nulo: que la mujer tiene derecho a matar a su hijo antes de nacer. Supuesto derecho que no está instituído ni sancionado en ninguna ley nacional ni internacional.

De este “derecho” inventado de matar al hijo, el proyecto deduce que el aborto es entonces un tema de salud pública, porque al ejercerlo pone en riesgo su salud, que el Estado debe salvaguardar. Esta concepción del aborto como un tema de salud es la que articula todo el texto aprobado, concepción que constituyó el caballito de batalla del presidente para justificar su intención de legalizar el aborto (“el aborto es un problema de salud pública”), su secretaria legal y técnica de la Presidencia, la abogada Vilma Ibarra, su ministro de Salud, Ginés González García, varios de los ministros del gabinete nacional, y la mayoría de los diputados y senadores que apoyaron el proyecto.

Pero esta articulación necesitaba de llevar a cabo un procedimiento: eliminar del texto normativo toda referencia y mención a los niños por nacer, eliminación textual que se cumplió a rajatabla, ya que no se los menciona ni una sola vez. Esta desaparición textual es la que justifica la desaparición práctica que se va a ejercer con el aborto, es decir, la desaparición forzada de los niños por nacer, sin ningún tipo de defensa posible: si la mujer quiere matar “eso” que tiene en su seno, la decisión se ejecuta sumariamente, en un plazo máximo de 10 días.

Así, los niños por nacer se convierten en Argentina en el único grupo demográfico que tiene el “derecho” de ser asesinado legalmente, a pesar de no haber comentido ningún delito. De ahora en más, a un asesino serial, a un violador, a los asesinos de todo tipo y color se los mantiene vivos, pero a los niños por nacer se los puede matar, aplicándoseles una verdadera pena de muerte que la Constitución Argentina prohibe expresamente.

Es decir, el proyecto de ley aprobado viola clara e innegablemente la Constitución Nacional Argentina.

Pero además su fundamento “sanitario” no ha sido creado ni inventado por el gobierno autodefinido como progresista, “nacional y popular”, etc, sino simplemente copiado, ya que como hemos afirmado en varias oportunidades, fue inventado en 1972 por John Davison Rockefeller III, en su plan integral de control de la natalidad para Estados Unidos, a pedido del entonces presidente Richard Nixon: “[…] la anticoncepción es el método de elección para prevenir un nacimiento no deseado. Creemos que el aborto no debe ser considerado un sustituto para el control de la natalidad, sino más bien como un elemento en un sistema general de cuidado de la salud materno-infantil” .

Curiosa forma de cuidad la salud infantil, matando al niño (????).

Es decir, la ley sancionada no es una ley progresista nac&pop del binomio Alberto Fernández-Cristina Fernández de Kirchner, es una ley basada en la ideología antinatalista y genocida del poder financiero global que la familia Rockefeller representa.

Así, la concepción abortista de la plutocracia anglosajona se convierte en principio de una ley de la “democracia” regenteada por el progresismo kirchnerista hoy gobernante.

De este modo, la dominación económica ejercida por el clan Rockfeller a través del Consejo de las Américas  creado por David Rockefeller en 1965 se refuerza con la institucionalización jurídica de su concepción antinatalista y abortista en la legislación argentina. La economía argentina ya es propiedad de la plutocrática familia angloamericana, ahora la legislación que habilita la pena de muerte prenatal -sin causa, sin juicio y sin condena- también.

En definitiva, el gobierno Alberto Fernández-Cristina Fernández de Kirchner hacen su “ofrenda de Navidad” a la familia Rockefeller, consolidando su dominación coloniasta de la Nación Argentina, en nombre de un gobierno “progresista, nacional, popular y feminista”.

En este contexto de entrega, vale destacar la decidida reacción de una gran parte del pueblo argentino, que durante un mes salió a las calles en las principales ciudades de las provincias argentinas y de la ciudad de Buenos Aires, para rechazar el proyecto abortista, en una forma abrumadoramente mayoritaria. Distintas encuestas de opinión realizadas por distintas consultoras mostraron que más del 60% de la población argentina rechaza visceralmente al aborto como derecho, cifra que en algunas ciudades y regiones se eleva hasta un 85%.

A pesar de esta oposición popular el gobierno argentino pudo alcanzar su objetivo abortista, ya que, entre otras cosas, le resultó muy funcional y favorable la actitud pasiva, complaciente y silenciosa de la jerarquía eclesiástica católica, nacional y vaticana, que durante un año guardó un silencio casi absoluto, sólo interrumpido en las últimas semanas por declaraciones que más bien parecian destinadas a mostrar la oposición suave al proyecto abortista , que a oponerse realmente, o directamente a mantener silencio absoluto en el Mensaje navideño papal urbe et orbi.

Si bien es cierto que los días 28 y 29 hubo pronunciamientos tanto de algunos obispos argentinos, como de monseñor Marcelo Sánchez Sorondo y del mismo papa Bergoglio, pero cuando las cartas ya estaban echadas.

Pero lo que resulta llamativo es el silencio absoluto los obispos y sacerdotes llamados “villeros”, con excepción del padre José De Paola, que se había pronunciado ya en el año 2018 y también en estos últimos meses a favor de la vida de los seres humanos nacientes, pero en la soledad sacerdotal más absoluta, respecto a sus colegas sacerdotes y a los obispos del país.

El 25 de marzo de este año, en los días iniciales del confinamiento dispuesto por el gobierno frente a la pandemia del Covid-19, el obispo “villero” de la arquidiócesis de Buenos Aires, monseñor Gustavo Carrara, y los sacerdotes “villeros” José María “Pepe” Di Paola, Juan Isasmendi, Nicolás Angelotti, Eduardo Drablle, Carlos “Charly” Olivera y Lorenzo “Toto” de Vedia se reunieron con el presidente Alberto Fernández . En ese encuentro los sacerdotes ofrecieron la colaboración de la Iglesia para afrontar los desafíos de asistencia social que necesitaban los sectores más vulnerables de la población que atienden los mencionados clérigos. Al final del encuentro rezaron un Padre Nuestro con el primer mandatario.

Pero inexplicablemente, desde el momento que el presidente argentino envió el proyecto abortista al Congreso, el 17 de noviembre, ninguno de los mencionados sacerdotes -excepto el padre De Paola- ni tampoco el obispo Carrara se pronunciaron al respecto. Surge la pregunta entonces: ¿cuál es el compromiso político, y tal vez crematístico, de los prelados con las autoridades gubernamentales, en especial con la vicepresidente Cristina Kirchner? ¿Por qué el silencio absoluto? ¿Es más fuerte su relación política con la vicepresidente partidaria del aborto que su sacerdocio? ¿A cuánto cotiza su silencio? En todo caso, deben explicar al pueblo argentino y a la grey que ellos atienden por qué se han callado la boca ante el avance de esta ley anticonstitucional y genocida, antinacional y anticristiana.

Con la legalización sancionada, el pueblo argentino se verá obligado a afrontar a fondo la ofensiva criminal impulsada por el imperialismo internacional abortista para beneficio de la plutocracia financiera internacional que tratará de instituir el genocidio prenatal como base y fundamento de la sociedad argentina.