Gobierno canceló la expulsión de la embajadora de la UE
Venezuela ha decidido «dejar sin efecto» la decisión de expulsar a la embajadora Isabel Brilhante Pedrosa de la Unión Europea en Caracas. La decisión, hecha pública ayer 2 de julio con un comunicado conjunto del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela y del servicio de Acción Exterior de la Unión Europea, señala que se ha coincidido en la necesidad de mantener el marco de las relaciones diplomáticas, “especialmente en momentos en los que la cooperación entre ambas partes puede facilitar los caminos del diálogo político”. De ahí que el Gobierno venezolano dejase sin efecto la decisión tomada el 29 de junio con la que declaró «persona no grata» a la Embajadora Isabel Brilhante Pedrosa, Jefa de la Delegación de la Unión Europea en Caracas.
Tanto Jorge Arreaza, por Venezuela, como el Alto Representante de la UE, Borrell, acordaron, asimismo, “promover los contactos diplomáticos entre las partes al más alto nivel, en el marco de una cooperación sincera y del respeto al Derecho Internacional”.
Nicolás Maduro había dado un plazo de 72 horas a la embajadora de la UE en Caracas para que abandonase el país como respuesta a las sanciones impuestas el 29 de junio por la UE contra once funcionarios venezolanos “responsables de actuar contra el funcionamiento democrático de la Asamblea Nacional, en particular de privar de la inmunidad parlamentaria a varios de sus miembros, y señaladamente a su presidente, Juan Guaidó”.
El Consejo de la UE había además motivado la inclusión de estas once personas en la lista “por la incoación de procesos penales por motivos políticos y la obstrucción a una solución política y democrática a la crisis en Venezuela, así como graves violaciones de los derechos humanos y restricciones de libertades fundamentales, como la libertad de prensa y la libertad de expresión”, con lo que elevó, pues, a 36 el número total de personas sujetas a sanciones, consistentes en la prohibición de viajar y en la inmovilización de activos, medidas dirigidas “a determinadas personas” que “no afectan a la población en general”.
