Grupo experto de la ONU: “Los servicios de salud sexual y reproductiva” incluyen “el aborto seguro y legal”
WASHINGTON, D.C. 29 de mayo (C-Fam) Un grupo de derechos humanos de la ONU criticó a varios estados de los EE. UU. por haber declarado que el aborto es un servicio no esencial durante el cese de labores de esta semana, causado por la covid-19, declarando, a su vez, que “el aborto seguro y legal” es un componente clave de los “servicios de salud sexual y reproductiva”. El grupo también denunció una recientecarta del encargado de la agencia de asistencia extranjera de los EE. UU., en la que apelaba por la remoción de “salud sexual y reproductiva” de una resolución de la Asamblea Mundial de la Salud.
La declaración provino del Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra mujeres y niñas, parte de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Los EE. UU. se retiraron del Consejo en 2018. La declaración fue luego apoyada por relatores especiales de la ONU cuyos mandatos cubren la salud de las mujeres y la violencia contra ellas. Estos son parte de los Procedimientos Especiales de la ONU.
La carta de John Barsa, director en ejercicio de la Agencia de los EE. UU. para el Desarrollo Internacional(USAID, por sus iniciales en inglés), estaba dirigida al secretario general de la ONU, António Guterres, y lo instaba a asegurar que la ONU “seguirá enfocada en intervenciones que salvan vidas” y no promoverá el aborto.
En respuesta, el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric, insistió en que “cualquier sugerencia de que estamos usando la pandemia de la covid-19 como una oportunidad para promover el aborto es incorrecta” y que, al tiempo que apoyan el cuidado de salud que salva vidas, “no buscamos pasar a llevar ninguna ley nacional”.
La carta de la USAID provocó una fuerte reacción de parte de grupos proaborto. El Grupo Interagencial para la Salud Reproductiva durante Crisis, cuyo comité dirigente incluye varias agencias de la ONU, incluida la Organización Mundial de la Salud (OMS), emitió un comunicado diciendo que el grupo “aplaude a la ONU, los gobiernos, los donantes y todos los defensores de la salud que se han comprometido con la inclusión de los servicios [de salud sexual y reproductiva], incluidos la contracepción y el acceso a cuidado abortivo seguro al grado máximo que permite la ley”.
Los expertos que trabajan bajo Procedimientos Especiales no son miembros de planta de la ONU y no reciben un salario por su trabajo que permita garantizar su independencia. Aun así, las opiniones de expertos independientes que trabajan dentro del sistema de la ONU son frecuentemente citadas por las agencias de la ONU, como también por grupos activistas en distintos países, quienes a menudo tratan sus enunciados con la misma deferencia que muestran a documentos negociados y adoptados por consenso.
Como ejemplo, la OMS mantiene una base de datos de leyes nacionales de aborto que también incluye una sección listando todas las recomendaciones sobre el aborto dadas a los países por parte de cuerposmonitoreadores de los tratados de derechos humanos de la ONU o por parte de encargados de Procedimientos Especiales. Cuando esta base de datos fue establecida, su propósito declarado era “eliminar las barreras que encuentran las mujeres para acceder a servicios abortivos seguros”, pese al hecho de que la OMS no tiene ningún mandato por el cual pueda opinar acerca de leyes de aborto, que son materia de soberanía nacional.
La frase “salud sexual y reproductiva”, a veces antecedida de “servicios de”, ha sido parte de las resoluciones de la ONU desde 1994, cuando se definió que incluía el aborto solo allí donde es legal, y esto con muchas cautelas adicionales, incluida la advertencia de que nunca debiese ser promovido como un método de planificación familiar.
En los últimos veinticinco años, los gobiernos proaborto han intentado separar en las negociaciones la “salud sexual y reproductiva” del compromiso de 1994, quitar las cautelas y dar por implícito un derecho al aborto que nunca ha existido en un acuerdo global. Bajo el presidente Donald Trump, los EE. UU. han apelado de manera creciente por la eliminación del término, reconociendo que, aun si no crea un derecho al aborto, no puede ser separado del aborto enteramente.