Alto funcionario de la ONU cesa en el puesto, acusada de credenciales falsas

La ONU dejó irse discretamente a una alta oficial en derechos humanos y activista del aborto en lugar de hacerla responsable de haber falsificado sus credenciales para justificar su posición de alto nivel y alto salario.

Se esperaba que Kate Gilmore cumpliese otro mandato en su puesto como Alta Comisionada Adjunta de la ONU para los Derechos Humanos, que desempeñó desde 2015 a 2019, pero ella lo dejó para presidir el consejo de administración en la Federación Internacional de Planned Parenthood (IPPF), la mayor red mundial de proveedores del aborto.

En noviembre, el periodista Matthew Lee de Inner City Press advirtió al público de la noticia. Lee acusó a la ONU de no verificar las credenciales para justificar el trabajo y alta remuneración de Gilmore, cerca de 2 millones de dólares durante el curso de su mandato.

Lee dijo que él informó al Secretario General de la ONU que la biografía de Gilmore en la web de la ONU afirmaba falsamente que “La Sra Gilmore tiene una licenciatura en humanidades de la Universidad de Nueva Inglaterra y postgrados en Trabajo Social de la Universidad de Melbourne y Desarrollo Comunitario del RMIT (Real Instituto de Tecnología de Melbourne)”.

Dos denunciantes de la oficina de Gilmore informaron de las discrepancias en Mayo de 2019, después de confirmar con las universidades que ella no había obtenido las titulaciones, contó a Friday Fax Peter Gallo, anterior investigador en la Oficina de Servicios de Supervisión Interna de la ONU. El Estatuto de Personal de la ONU establece que los “miembros del personal deben mantener los mayores niveles” de integridad, incluyendo “honestidad y sinceridad en todos los asuntos que afecten su trabajo y status”.

Gallo dijo que el director de las investigaciones Ben Swanson y el Subsecretario General para Recursos Humanos Martha Helena Lopez fueron notificados de la falsedad de Gilmore, pero ninguno persiguió el asunto, remitiéndolo en su lugar al  Secretario General António Guterres. Guterres lo desestimó como “un error” en el sitio web.

“Personal subalterno de la ONU ha sido destituido por un fraude similar,” dijo Gallo, “pero el Secretario General parece estar voluntariamente ciego a las mismas informaciones falsas de altos cargos de la ONU”.

Seis meses después, la biografía online de Gilmore cambió para decir, “la Sra. Gilmore…ha seguido estudios de posgrado en trabajo social y desarrollo comunitario en Australia”. No hay título de posgrado en el materia ofrecida en la Universidad de Melbourne, y la referencia al Instituto Real de Melbourne de Tecnología fue eliminada, señaló Lee. La biografía de la Sra Gilmore en la Universidad de Harvard aún da una versión diferente, diciendo que ella tiene un título de licenciado, y no títulos de grado, tanto de la Universidad de Melbourne y el Instituto Real de Melbourne.

Gilmore no afrontó acciones disciplinarias y dejó la ONU con todos los beneficios. Antes de irse, Gilmore hizo trasladar a uno de los denunciantes a un puesto remoto e inoperante. Ambos denunciantes siguen en la lista negra, dijo Gallo, y sus acusaciones contra Gilmore por intimidación siguen sin solucionar.

Hace mucho que Gilmore ha sido una figura polémica en las Naciones Unidas. Ella se mantuvo en un lugar destacado en el Fondo de las Naciones Unidas para la Población y fue frecuentemente criticada por las tácticas de mano dura con delegados de países tradicionales, presionándoles para adoptar la prostitución y liberalizar las normas sexuales. Como Secretaria General Adjunta Ejecutiva de Amnistía Internacional, Gilmore encabezó la inclusión en 2007 de la defensa del aborto en el trabajo de Amnistía como parte de su respuesta a la violencia de género. Gilmore fue conocida por crear tan inadecuado entorno de trabajo en Amnistía Internacional que la organización le pagó generosamente para que se fuera.

En su nuevo rol en IPPF, esta semana Gilmore condenó una carta del administrador del USAID en funciones John Barsa al Secretario General de la ONU Guterres en la cual él dijo “la salud sexual y reproductiva” no es ayuda humanitaria y no debería ser incluida en el fondo de emergencia de la ONU para el COVID-19.

Gilmore alegaba que “denegar el acceso” al aborto “contraviene los principios humanitarios” aunque la declaración carece de base legal o consenso internacional.