Activistas del aborto impulsan a Colombia a una crisis constitucional
Activistas a favor del aborto a pedido en Colombia impulsaron a la nación latinoamericana a una crisis constitucional con la ayuda de agencias y expertos de la ONU, a la espera de que la Corte Constitucional del país dicte sentencia sobre un nuevo caso de aborto.
El legislativo colombiano repetidamente ha abatido proyectos de ley orientados a hacer legal el aborto, pese a instrucciones emanadas de la Corte Constitucional del país, predominantemente católico, en orden a cambiar el código penal para hacer legal el aborto.
La perspectiva de una crisis constitucional llevó al presidente colombiano, Iván Duque, a intervenir, al tiempo que la Corte empezaba a debatir el caso el 19 de febrero. Se espera una sentencia para marzo.
“No pretendo minar la independencia de ninguna institución, pero yo creo que salirse de esas tres causales, que son claras, es un cambio muy fuerte para la sociedad colombiana”, afirmó Duque la semana pasada mientras respondía a preguntas de la prensa.
Duque insistió en sus credenciales provida.
“Expreso mi opinión libremente y me reitero: soy provida, creo en la vida desde la concepción; pero también creo que esas son tres causales que el país ya ha reconocido. Yo creo que moverse de allí sería algo muy duro para nuestra sociedad”, añadió Duque.
El aborto sigue siendo un crimen en Colombia, aunque las leyes respectivas no se hacen cumplir. El ministerio de salud reconoce un derecho fundamental al aborto tras una sentencia de la Corte Constitucional de 2006. La Corte ordenó al legislativo colombiano cambiar su código criminal para permitir el aborto en casos de violación, incapacidad o cualquier peligro para la salud de la madre, basándose en recomendaciones no vinculantes de organismos emanados de tratados de la ONU, según las cuales el aborto es un derecho humano.
Pero, al contrario que la Corte Suprema de los EE. UU., la corte superior de Colombia no puede suprimir la legislación existente. El código criminal de Colombia, adoptado en el año 2000, todavía prohíbe el aborto en todas las circunstancias. Los más recientes presidentes colombianos no han hecho cumplir las leyes criminales y han seguido las sentencias de la Corte Constitucional en su lugar.
Desde 2006, la Corte ha emitido 16 sentencias que confirman la decisión de 2006 y ha urgido al gobierno y al legislativo que hagan aun más accesible el aborto, yendo al punto de prohibir a los hospitales la objeción a procurar abortos. Entretanto, el legislativo democráticamente elegido de Colombia ha abatido proyectos de ley para legalizar el aborto 33 veces desde 1976.
En un alegato amicus curiae entregado a la Corte, un grupo de legisladores arremetió contra ella por “usurpar prerrogativas legislativas”.
El expresidente colombiano y ahora senador, Álvaro Uribe, estuvo entre quienes se opusieron a la posibilidad del aborto a pedido.
“Debemos prepararnos para un referendo contra la laxitud en el aborto”, dijo en un tuit.
La legisladora proaborto, Juanita Goebertus de la Alianza Verde, respondió a la sugerencia de Uribe durante una entrevista con Semana en Vivo, diciendo que “es inconstitucional un referendo que pone a los ciudadanos a decidir sobre un derecho fundamental.”
José Jaime Uscátegui, un político de centroderecha del partido de Uribe, planteó la cuestión de los plazos en la misma entrevista en que se comentaba la posibilidad de un referendo.
“Que estemos dispuestos a deshacernos de un niño de 7 meses de gestación me parece cruel” dijo él.
Los obispos católicos de Colombia publicaron un video la semana pasada en respuesta al caso presentado a la Corte. El video llama al aborto “asesinato” y advierte acerca de las negativas consecuencias del aborto sobre la salud física y mental de las mujeres.